Durante las últimas horas, a través de medios de comunicación nacionales e internacionales, se dio a conocer que la Audiencia Nacional de España dictó prisión preventiva incondicional y comunicada en contra de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que temen que pueda darse a la fuga.
Emilio Lozoya fue detenido el pasado miércoles 12 de febrero en Málaga, España, ya que las autoridades mexicanas estaban tras su búsqueda por que es acusado de realizar operaciones ilícitas con recursos del Gobierno de México; asimismo, podría tener relación con la constructora brasileña Odebrecht.
Por otro lado, se informó que Emilio Lozoya se negó a ser extraditado a la república mexicana con la intención de continuar con su proceso legal en ese país; sin embargo, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) mencionó que hará todo lo posible por traer al exdirector de Pemex a México.
Al respecto, las autoridades de España revelaron que la prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya quedará sin efecto en caso de que en un plazo menor a 45 días no sea presentada una solicitud de extradición.
Asimismo, se dio a conocer que el delito del que se le acusa a Emilio Lozoya llevaría aparejadas penas de privación de libertad de carácter grave según el Código Penal de España, por lo que, ‘ante la existencia de un fundado riesgo de fuga’ en caso de ser puesto en libertad, ‘procede acordar la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza’.
Además que no consta arraigo laboral ni domiciliario en España de Emilio Lozoya, quien en su declaración ante el juez señaló que llegó al país ‘hace dos días’.
Como aquí te hemos estado informando, Emilio Lozoya estaba prófugo de la justicia desde mayo de 2019, después de que la FGR lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.
Posteriormente, se reveló que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya por 10 años para ocupar cualquier puesto en la administración pública, luego de determinar que había mentido en su declaración patrimonial.
Con información de El Universal, El Financiero y Excélsior
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