Reportero CDMX | Acustik Noticias
La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que ‘en un auténtico Estado de derecho no caben los pactos de impunidad’, por lo que consideró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Anticorrupción deben proceder conforme a la ley, y no por consigna, en casos como el de Emilio Lozoya Austin y Enrique Peña Nieto.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, deben ser congruentes con su supuesto compromiso de luchar contra la corrupción, la inmoralidad y la impunidad”.
Aunque Irma Eréndira Sandoval y María de la Luz Mijangos son muy cercanas al presidente, diputados del PRD demandaron a través de un punto de acuerdo que este debe conducirse con apego a la Constitución.
Por lo tanto, se presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, para que en su caso se investigue y se procese penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exdirector de Petroleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el presunto contubernio con la empresa Odebrecht en sus ilícitos contra el Estado mexicano.
Juárez Piña consideró increíble que en otros doce países, sin tanta demagogia de lucha contra la corrupción de por medio, ya se haya destituido y encarcelado a presidentes y expresidentes por su complicidad con la compañía brasileña.
Situación contraria en México, donde culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de empañar el ejercicio público al garantizar, aparentemente, impunidad a su predecesor a pesar de los múltiples indicios de su colusión en el desfalco a las arcas nacionales.
La perredista cuestionó la inacción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), según la cual la denuncia presentada desde 2012 por el PRD contra Peña Nieto ‘precluyó’, es decir, se perdió la oportunidad de procesar a los cómplices de Odebrecht en México por el simple paso del tiempo y la inacción de las autoridades.
La Diputada de Jalisco consideró esto como escandaloso, tanto o más que otras instancias del llamado Sistema Nacional Anticorrupción que tampoco han actuado a pesar de no tener la limitante que alega la FGR.
Juárez Piña recordó que los delitos de corrupción se persiguen de oficio y no requieren denuncia alguna para ser investigados, por lo cual tanto la SFP y la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Irma Eréndira Sandoval y María de la Luz Mijangos respectivamente, deben proceder a la brevedad conforme a sus facultades.
Aunque Sandoval y Mijangos son muy cercanas a López Obrador, Juárez Piña les demandó conducirse con apego a la Constitución y las leyes en lugar de someterse a ‘pactos no escritos’ contrarios al Estado de Derecho que sólo sirven para mantener la corrupción y la impunidad.
Juárez Piña señaló que desde julio de 2016 son perseguibles de oficio los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, por lo que nada en la ley les impide actuar ya.
En esta reforma se estableció que los tipos penales entrarían en vigor una vez que la Cámara de Senadores hubiera nombrado al Fiscal Anticorrupción, nombramiento que se produjo el 8 de febrero pasado en favor de María de la Luz Mijangos”.
El llamado a investigar y procesar penalmente al expresidente Peña Nieto y Lozoya Austin, lo hizo directamente a la Fiscalía contra la Corrupción, dependiente de la FGR, porque consideró que el titular de esta última, Alejandro Gertz Manero, incurre en conflicto de interés al tener como su representante legal personal al mismo abogado que el exdirector de Pemex, Javier Coello Trejo.
Sobre esta situación, la legisladora dijo que se pone en tela de juicio la imparcialidad de la FGR, aun cuando el presidente López Obrador haya dicho que no hay ilegalidad alguna en la relación entre la parte acusadora, uno de los acusados y el abogado de ambos; en todo caso, hay un conflicto de interés y se trata de una relación inmoral.
Fotografía tomada de Laura Brugés