Senadora se queja ante el INAH por daño arqueológico en Isla Espíritu Santo

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Acustik Noticias

Baja California Sur. 20 de octubre de 2018.- La senadora del Partido Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo reveló que interpuso una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por los daños causados en el 52 por ciento del sitio arqueológico Ensenada El Gallo a manos del Grupo Ecología y Conservación de Islas A.C., contratada por autoridades federales para la extracción de fauna nociva de la Isla Espíritu Santo.

El INAH realizó el ‘Dictamen de daños en monumentos arqueológicos y cuantificación de los mismos’ en octubre de 2016 en el que se establece que dicha asociación civil instaló un campamento no autorizado sobre el sitio arqueológico, creó un corral para fauna nociva capturada para lo que removieron ‘sedimento y materiales arqueológicos’ y para crear veredas por donde transitar.

El sitio arqueológico Ensenada El Gallo tiene una extensión de siete mil metros cuadrados y fue un punto de actividad humana entre los años 3000 a.C. y 1700 d.C., por lo que en toda su superficie y en su subsuelo permanecían vestigios como antiguos fogones, piedras labradas y acumulaciones de conchas extraídas del mar por los antiguos habitantes de la Isla Espíritu Santo, hoy considerada área natural protegida por las autoridades mexicanas y patrimonio natural de la humanidad por la ONU.

Las acciones del Grupo Ecología y Conservación de Islas no sólo dañaron cada artefacto, sino que destruyó el contexto en el cual estaban dispuestos dichos vestigios, perdiéndose para siempre la información que podía extraerse.

Un segundo documento oficial del INAH, el Informe de atención a denuncia de afectación del sitio J66 El Gallo II-3, establece que los daños ocasionados en esta zona arqueológica en 52 por ciento de su superficie son ‘irreversibles’, además advierte que al daño a esta área violó el artículo 42 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, la cual señala que toda obra en zonas arqueológicas debe contar previamente con la autorización del INAH.

Aún cuando el INAH certificó en octubre de 2016 los daños ocasionados por la asociación civil en el sitio, hasta el momento su área jurídica no ha iniciado ninguna acción legal en contra de los responsables, pues ‘inexplicablemente’ el dictamen de daños arqueológicos nunca le fue reportado por la dirección del Instituto en Baja California Sur.

Ante esta postura omisa tanto del INAH-Baja California Sur como del área jurídica del organismo público, la senadora Delgadillo acudió el pasado 10 de octubre a las instalaciones centrales del INAH para presentar formalmente una denuncia ciudadana por los daños ocasionados al sitio arqueológico. Una vez interpuesta la denuncia el área jurídica del INAH queda obligada a emprender las acciones legales que ha omitido durante los últimos dos años, indicó.

“En la Isla Espíritu la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a cargo de Alejandro del Mazo, realizó una supuesta estrategia participativa para erradicar la población de cabras, que se calcula en más o menos mil ejemplares, y que al ser animales no nativos, están dañando la isla […] El plan era extraer las mil cabras en tres meses contados a partir de mayo de 2016, no obstante ya han pasado 26 meses desde que se aprobó la intervención de esta asociación y sólo han extraído 193 cabras, pero eso no es lo peor: lo peor es que 52 por ciento de una zona arqueológica que existía en esa isla ha sufrido daños irreversibles, es decir, perdimos más de la mitad del patrimonio que contenía ese sitio, y el INAH no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que cuenta con los informes que sustentan el daño”.

En la queja presentada la senadora destacó que los daños ocasionados en la zona arqueológica de la Isla Espíritu Santo ‘pudieron haberse evitado si la organización civil que realizó las actividades hubiera acatado y seguido las indicaciones del INAH para la protección de las zonas arqueológicas’, algo que no sucedió.

Por ello, señala el documento dirigido al director general del INAH Diego Prieto Hernández, ‘se solicita proceda con la denuncia formal en contra de los responsables del daño ocasionado en la zona arqueológica denominada Ensenada El Gallo, registrada como J66 El Gallo II-3, así como en contra de aquellos responsables que otorgaron el permiso para llevar a cabo las actividades que pusieron en peligro dicha zona’.

Con información de Animal Político, Poder Civil y El Sudcaliforniano.

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