México, Honduras, Guatemala y El Salvador avanzan en garantizar contratación equitativa de personas trabajadoras migrantes
En las últimas décadas, El Salvador, Guatemala, Honduras y México han formado parte de uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. La movilidad humana entre o a través de los cuatro países responde a la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, desplazamiento forzado por distintas causas, y retorno de los países de tránsito o destino. Por ello, resulta indispensable reforzar mecanismos de contratación equitativa para personas migrantes por parte de sus instituciones de gobierno, organismos empleadores y asociaciones de personas trabajadoras.
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este día en la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, el estudio de la OIT Contratación equitativa en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: Evaluar los avances y cerrar las brechas.
El documento recoge algunos ejemplos de iniciativas de trabajo temporal entre países, guías para empresas y para personas trabajadoras migrantes elaboradas por gobiernos, prácticas inspiradoras de agencias privadas, programas de gremios agrícolas y experiencias de acción sindical.
La secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde, expresó que la visión del Gobierno de México es atender las causas de la migración como una prioridad. Detalló las acciones de intermediación laboral emprendidas, entre ellas mencionó al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con más de 2 millones 600 mil jóvenes inscritos, diseñado para evitar que abandonen sus comunidades de origen y sus costumbres, en la búsqueda de alternativas de futuro.
Luisa Alcalde mencionó también al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá (PTAT) que en el presente año, gestiona la movilidad laboral segura de cerca de 26 mil trabajadores, además, hizo hincapié en el memorándum de entendimiento firmado con el gobierno de los Estados Unidos.
Informó que otra de las estrategias de vinculación laboral emprendidas por la Secretaría del Trabajo, es la conformada por el Centro Integrador para el Migrante, con sedes en las ciudades de Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez, donde el Servicio Nacional de Empleo, detecta conjuntamente con el sector empresarial, oportunidades de empleo para las personas migrantes, incluso aquellas de origen mexicano que se encuentran en condición de retorno al país.
En México, con una política de protección de derechos y de dignificación de salarios, hemos logrado los equilibrios que se necesitan para que la gente no tenga que migrar de manera forzosa y encuentre en sus lugares de origen, oportunidades de presente y futuro, concluyó la responsable de la política laboral.
Añadió que “prácticas como las que se presentan en este estudio son el claro ejemplo de que la aplicación de los principios de la contratación equitativa aporta beneficios a trabajadores nacionales y migrantes, a empleadores y a agencias de empleo privadas”.
La Iniciativa para la Contratación Equitativa de la Organización Internacional del Trabajo, lanzada en 2014, tiene como objetivo garantizar que las prácticas de contratación nacional e internacional se basen en las normas internacionales del trabajo y el diálogo social, y garanticen la igualdad de género. El comité Asesor de esta iniciativa está actualmente copresidido por Italia y México, por lo que este país ha incrementado sus esfuerzos para liderar a la región en temas de inspección laboral y su aplicación, el acceso a la justicia, la innovación y la digitalización, el compromiso empresarial, el empoderamiento de los trabajadores y el papel de los medios de comunicación.
En el documento presentado hoy se plantean, además, 21 recomendaciones específicas para seguir progresando en la puesta en práctica de los principios de la contratación equitativa. Entre ellas, la regulación de agencias privadas de empleo, el reconocimiento de competencias de las personas trabajadoras migrantes, el refuerzo de la inspección del trabajo, el acceso de las personas trabajadoras migrantes a la justicia o la coordinación institucional dentro de los países y entre países.
De igual forma, en lo que concierne a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, el estudio plantea la necesidad de involucrarlas activamente en la construcción de las políticas, acuerdos bilaterales y otros instrumentos, dentro del marco del diálogo social.
En los últimos 15 años, la cantidad de migrantes internacionales ha crecido en América Latina y el Caribe más rápidamente que en cualquier otra región del mundo: han pasado de 7 millones a cerca de 15 millones; lo que representa el 5.3% de las personas migrantes internacionales.