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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ejecutó una iniciativa para presionar al Congreso del estado de Nuevo León para que se aplique la sentencia de ley contra Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por presunto desvío de recursos durante su campaña electoral para contender por la presidencia del país en 2018.
El Tepjf señaló la falta de sucesión del Congreso respecto al castigo contra El Bronco, debido a que este ha desestimado la iniciativa en trece ocasiones, por lo que esta sala regional especializada dio cabida a la denuncia respaldada por 572 empleados estatales, quienes recaudaron sus firmas en un pliego petitorio.
En su denuncia, los inconformes exigen que se ejerza acción legal contra Jaime Rodríguez y Manuel González Flores, actual secretario General de Gobierno, quien durante el periodo en el que se cometió el agravio se encontraba realizando labores como gobernador interino del estado.
Esta acusación fue emprendida desde el pasado 31 de enero por el senador y entonces diputado Samuel García Sepúlveda, quien manifestó ante el Congreso que ambos funcionarios violaron la ley al sumar apoyo ciudadano a la campaña de El Bronco a través de la promoción realizada por los empleados del gobierno del estado de Nuevo León.
El 21 de junio de 2018, esta Sala Especializada determinó en la sentencia SRE-PSC-153/2018 que se infringieron los principios del servicio público, porque se acreditó que 572 personas que estaban empleadas en el gobierno de Nuevo León captaron apoyo ciudadano en días y horas hábiles, en favor de la aspiración de Jaime Rodríguez Calderón”.
Por este motivo, el legislador solicitó al Poder Legislativo aplicar la sanción correspondiente al mandatario estatal y a su secretario.
El pasado 25 de julio, la Tepjf emitió un documento en el que establece que existe jurisdicción en su organismo para que se faculte el cumplimiento de las peticiones de los inconformes, debido a que sí se violaron estatutos impuestos en la Carta Magna.
Si el cumplimiento de resoluciones corre a cargo de autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en términos del Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía individual de acceso a la justicia”.
Como resultado de la iniciativa, se prevé que a partir del día 1 de septiembre los dos funcionarios puedan ser puestos a disposición de las autoridades para que lleven a cabo su proceso legal.
En noticias trascendentes sobre el gobernador, el día de ayer Jaime Rodríguez Calderón planteó a las autoridades la creación de una Ciudad Santuario, la cual tiene el objetivo de disminuir el flujo migratorio y generar empleos en Nuevo León; además de que podría ser financiada por la iniciativa privada en unión con el Gobierno Federal.
Con información de Milenio, El Norte y Acustik Noticias
Fotografía tomada de El Universal