Acustik Noticias. Luego de que diversos organismos y personajes del ámbito político señalaran el memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca frenar la reforma educativa impuesta en el sexenio de Peña Nieto, hoy el mandatario del Senado, Martí Batres, señaló que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad para denunciar si este documento es inconstitucional o no.
Así lo señaló a través de su cuenta de Twitter, en la que indicó que cada uno de los poderes para hacer válido el estado de derecho es libre de utilizar los medios legales a su alcance para implementar mejoras a las garantías de los ciudadanos.
Por ello, sostuvo que el memorándum de López Obrador no viola la carta magna tal como los inconformes lo han señalado de manera ‘a priori‘. Asimismo exhortó a aquellos órganos y ciudadanos que se oponen de manera jurídica a la emisión del escrito a hacer valer su derecho de réplica ante la autoridad competente para llevar a cabo el litigio por decreto de inconstitucionalidad.
Cada Poder del Estado decide usando medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica”.
Por otra parte, señaló que el Gobierno Federal no emitió este recurso para llevar a cabo la cancelación de recursos públicos a instituciones educativas, pues afirma que estas aún continúan recibiendo apoyo del estado ya que no fueron impugnadas de forma jurídica.
En contraste, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se unió ayer a las voces que señalan que el decreto viola las garantías expedidas en la Constitución, principalmente el artículo 46.
Por medio de un comunicado, la CNDH denunció que la iniciativa para revocar la reforma educativa carece de sustento jurídico, además de que vulnera los derechos en materia de educación de niños y adolescentes.
El manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución, genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo, exhorta al presidente a hacer valer la constitución y permitir que el poder legislativo participe en en este ejercicio.
Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.
Con información de El Sol de México, El Universal y Político
Fotografía tomada de Contracorriente