Por. Carlos Reyes
CIUDAD DE MÉXICO 27 de febrero de 2018.- La organización México Evalúa, afirmó que, el ‘cajón de gasto’ conocido como Ramo 23, al estar desregulado y sin seguir buenas prácticas de gasto, transfiere una cantidad importante de recursos a estados y municipios a criterio exclusivo de SHCP, siendo susceptible de usarse políticamente.
Recordó que, frente a una autorización de poco más de 22 mil millones para gastar a través de los programas discrecionales del mencionado Ramo, el Gobierno federal excedió su gasto por más de 290 mil millones de pesos en lo que de la administración actual.
En el estudio denominado ‘Arquitectura del Ramo 23′ afirmó que estas vulnerabilidades han impulsado un crecimiento exponencial en los recursos ejercidos a través de estas figuras, de manera que el gasto promedio anual en estos programas fue 14 mil 230 millones de pesos en el sexenio anterior. Sin embargo, ahora ha alcanzando 63 mil 693 millones de pesos en lo que va de esta administración federal.
Para México Evalúa, la presente administración está cerrando con indicadores poco sanos: un saldo de deuda diez puntos mayor que al inicio del sexenio, a pesar de haber recibido medio billón de pesos provenientes de la liquidación de reservas internacionales; un costo financiero pendiente de pagar en 2018 estimado 80% mayor al observado al cierre de la administración anterior; gasto en inversión física en niveles históricamente bajos; caída en el gasto en salud y educación, e incremento en gastos no prioritarios.
Esta arquitectura también contrasta con prácticas internacionales. A diferencia de lo que sucede en otras democracias, especialmente en países desarrollados, la legislación secundaria del presupuesto mexicano conforma una arquitectura institucional que le otorga a SHCP amplias facultades para gastar recursos adicionales a los aprobados en el Decreto del Presupuesto.
Asimismo, le posibilita asignar ingresos excedentes, en algunos casos sin informar y justificar adecuadamente sobre dichas asignaciones, y regular las adecuaciones al presupuesto sin establecer ningún tipo de contrapeso adicional. Esto debilita la función del Congreso en su rol de vigilante efectivo del ejercicio del gasto y el sano equilibrio de poderes.
Además, los datos revelan que los recursos repartidos a través de los tres programas más discrecionales del Ramo 23 con frecuencia han tenido comportamientos sujetos a interpretaciones políticas. En varios momentos, estas transferencias han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido que el Ejecutivo Federal, situación que se observó tanto en la última administración panista como en la actual priista; en ambas durante el año previo a una elección presidencial.
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