Acustik Noticias. En una entrevista el exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, perteneciente a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, señaló a este y a Jorge Winckler Ortiz de utilizar el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, como casa de seguridad, donde obtenían testimonios contra Javier Duarte a partir de la tortura.
Bravo Contreras señaló que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Veracruz estuvieron implicadas en el caso, siendo elementos de estas dependencias quienes torturaban a los presos y a altos funcionarios para obtener pruebas contra Javier Duarte.
Esta estrategia tenía un objetivo principal: las elecciones de 2018, mismas de las que no resultó ganador quien saldría más beneficiado en el caso Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares, pues fue vencido por el morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Bravo Contreras manifestó que su detención en junio de 2018 por el delito de desaparición forzada también se trata de una campaña que beneficia a Winckler Ortiz, pues aseguró que no existen suficientes pruebas en su contra, tan solo dos testimonios que lo incriminan de manera indirecta en el reporte oculto sobre el hallazgo de cuerpos en la barranca La Aurora del municipio de Emiliano Zapata.
El exfiscal señaló que Gilberto Aguirre Garza, exdirector de servicios periciales de la Fiscalía, y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, fueron obligados por Winckler y por el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez Marié, a involucrarlo en el caso de La Aurora previo a las elecciones del pasado 2 de julio de 2018.
Las únicas supuestas pruebas que me incriminan a mí en este hecho son dos declaraciones de personas que incluso denunciaron ante el Congreso y ante la Fiscalía de qué manera obtuvieron esos testimonios”.
En diversas ocasiones, Arturo Bermúdez y Gilberto Aguirre denunciaron esta situación ante sus abogados y autoridades, pero fue hasta que públicamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aceptó que se cometieron actos de tortura en contra del director de servicios periciales que su versión de los hechos se tomó en cuenta.
Sin embargo, la declaración de la CEDH fue un problema mayor para Contreras, quien argumentó que desde que se dio a conocer este archivo de código 25/2019, sus audiencias son revocadas, situación por la que continúa en prisión preventiva.
De manera rara yo sigo en la cárcel, las audiencias las difieren, las obstruyen y las imposibilitan.Tarde que temprano esas investigaciones van a generar el efecto que deben de generar; tendrán que desahogar” [sic].
Con información de e-consulta, El Heraldo y Plumas Libres
Fotografía con imágenes de Twitter y La Jornada