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Ciudad de México. 18 de diciembre de 2018.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ordenado que, en un plazo no mayor a 10 días, la Procuraduría General de la República (PGR) entregue la versión pública de la averiguación previa y del expediente de seguimiento de cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el Caso Tlatlaya.
De acuerdo con información de Milenio, el comisionado Joel Salas Suárez, durante la presentación del recurso de revisión RRA 7326/18, destacó que los documentos relacionados a los hechos violentos ocurridos el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, no son idóneos de reserva, pues surgen de las violaciones graves a los derechos humanos.
“El INAI debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpreta erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”.
El 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes fueron ultimados a manos de elementos del Ejército Mexicano en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón en Tlatlaya, Estado de México.
De acuerdo con información de Reporte Índigo, en un primer momento se aseguró que los elementos castrenses respondieron a una agresión por parte de sujetos armados, sin embargo, después se conoció el testimonio de una mujer que relató cómo, a pesar de que se habían rendido, los militares ejecutaron a los civiles.
“La averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya, es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, y solo se actualizaba la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas”.
Además, el comisionado Joel Salas subrayó que la PGR debe dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales administrativos en contra y que fueron resueltos con sanción administrativa o penal.
Por otro lado, aseguró que los organismos encargados de la transparencia y del acceso a la información en México, están obligados a garantizar la disponibilidad de los datos, pues tienen el propósito de que las autoridades y la sociedad ‘tengan un lenguaje común, se generen vínculos de confianza entre ellos y muestren la disposición para sentarse en la mesa de diálogo a pesar de las posibles tensiones y los antagonismos’.
“La apertura de información para detonar procesos de justicia transicional es una oportunidad para construir un México justo y reescribir la historia del país, una en la que la seguridad y el Estado de Derecho se cumplen donde no hay corrupción ni existe la impunidad. México ya no puede asumir un costo tan alto [sic]”.
Finalmente, consideró que el anuncio del Plan Nacional de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ‘reafirma la importancia que en este contexto cobra la información pública, principalmente en un posible ejercicio de transparencia proactiva que permita generar un registro en tiempo de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales sobre derechos humanos’.
Con información de Reporte Índigo, Proceso y Milenio.