En huelga de hambre 6 jóvenes tzotziles en demanda de asistencia para desplazados de Chenalhó 

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Por: Gabriela Coutiño

Corresponsal Acustik noticias

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 12 de marzo de 2018.-  Seis tzotziles en plantón desde hace ocho días frente al palacio de gobierno, iniciaron una huelga de hambre para demandar asistencia institucional y retorno garantizado comunitario de 249 expulsados hace un año nueve meses del ejido Puebla en el municipio de Chenalhó en la región de Los Altos de Chiapas, por la ‘violencia política’ que encabeza la alcaldesa del PVEM, Rosa Pérez Pérez.

En huelga de hambre 6 jóvenes tzotziles en demanda de asistencia para desplazados de Chenalhó 

En la huelga donde participan los jóvenes Ezequiel Cruz López, Araceli Cruz López, Romeo Cruz López, Alonso Gutiérrez Cruz, Bersaín Hernández Cruz, y Miguel López Santiz, demandan también la libertad de Javier Cruz López  y José Cruz Gómez, padre e hijo,  sentenciados ‘sin elementos de prueba’ a cinco años y cuatro meses de prisión por el homicidio de Guadalupe Cruz Hernández, asesinado a balazos el 26 de mayo de 2016, informó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik.

El activista señaló que a un año nueve meses de la salida forzada del ejido Puebla, los 249 indígenas tzotziles, donde se encuentran 116 niños y niñas que no asisten a clases, y cinco bebés, se encuentran en condiciones precarias, sobreviven con la ayuda solidaria ciudadana, porque el gobierno incumple con la ayuda institucional.

Indicó que el gobierno no garantiza los apoyos básicos de vivienda, salud, educación, alimentación y acceso a la justicia para las familias que sobreviven en cuartos rentados en San Cristóbal de las Casas, por lo que “el gobierno estatal incumple  los principios rectores para el desplazamiento forzado interno, fijados  por las leyes del país y los tratados internacionales suscritos”.

Dijo que para el retorno de los 249 desplazados se requiere el cese de amenazas, que sólo procederá cuando se integren órdenes de aprehensión en contra de los agresores, pero éstas no las solicita aún la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, señaló que es necesario “desarticular al grupo de corte paramilitar, que viene operando desde 1994, que también participó en la masacre de Acteal, y permanece activo en el contexto electoral y beneficia a Rosa Pérez”, la alcaldesa de Chenalhó.

Cadenas Gordillo agregó que además de los 249 desplazados del ejido Puebla, en Chiapas hay más de mil indigenas expulsados de sus comunidades; 800 pobladores del municipio de Chalchihuitán derivado del conflictos por límites territoriales y por ‘la misma violencia política’ impulsada por Rosa Pérez; 120  en Ocosingo; 45 en Zinacantán y 100 personas más en el municipio de  Huixlta, que resultaron damnificados por el huracán ‘Stan’ que golpeó la región en 2005.

Respecto a la demanda de libertad de Javier Cruz López  y José Cruz Gómez, el activista explicó que fueron privados de su libertad  de manera arbitraria. Acusados de homicidio cuando volvían del nombramiento del presidente sustituto Miguel Santis Álvarez.

Agregó que el caso se encuentra en mesa de apelación, pese a que la defensa demostró que no existen pruebas en su contra. “Mañana la sala mixta de San Cristóbal de las Casas, debe resolver la situación jurídica; pedimos que no se difiera la audiencia y se resuelva conforme a derecho”, demandó el abogado y experto en derechos humanos.

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