Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 22 de marzo de 2018.- Los más de mil 94 indígenas tzotziles del municipio de Chalchihuitán desplazados de sus comunidades desde hace cuatro meses, por el conflicto de límites con su vecino Chenalhó desde hace 45 años, demandaron a las autoridades federales y estatales la elaboración de un plan de retorno integral, desarme de los grupos civiles armados, y el desalojo de los invasores de las tierras de las que los despojaron violentamente.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), los representantes de los desplazados señalaron que el gobierno los tiene “en total olvido, viviendo en una situación deplorable e inhumana”.
“Hemos sufrido mucho, padecemos hambre, y nadie quiere saber si estamos sufriendo hombres, mujeres y niños” desde noviembre cuando “intentaron matarnos en nuestras casas y nos huimos hacia la montañas, donde nos picaron los moscos y encontramos culebras”, dijo María Pérez Gómez, una de las desplazadas.
Cuando salieron de su comunidad relató, “llegaron más de 50 hombres de Chenalhó con sus armas y hasta ahora no se ha calmado, pues nos siguen espantando con las balas”.
Por su parte, Ausencio Pérez Paciencia, a nombre de los desplazados dijo que los mil 94 desplazados de nueve comunidades de Chalchihuitán están viviendo en diez campamentos. Pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Coello que “dejen a un lado su coraje y odio contra nosotros” y que hagan justicia.
“Vivimos en las montañas para guardar y proteger nuestras vidas y la de nuestras familias porque los paramilitares de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez nos quieren matar y han despojado de nuestras tierras con violencia, quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales y nos desalojaron hacia las montañas”, señaló.
Por su lado, el Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil que acompaña a los desplazados exigió a las autoridades “resolver la grave situación de supervivencia” que enfrentan los desplazados, pues el gobierno ha dejado de apoyarlos con ayuda humanitaria.
Las más de 20 agrupaciones que forman el Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil de Observación de la Zona Altos de Chiapas, rechazaron la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la zona de Chalchihuitán y Chenalhó, con el argumento de que “lejos de brindar seguridad a la población y los observadores de derechos humanos, “pondrá en riesgo el proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios”.
En un comunicado leído por Mercedes Ozuna Salazar, pidió al Estado mexicano “acordar con los afectados, medidas cautelares que lleven a una solución de fondo ante el riesgo de ser agredidos por el grupo armado” que opere en el área.