“Oligarquía académica y política” quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios
Ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos diputados y senadores de la minoría legislativa de oposición en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) sostiene la validez de esta norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019.
Con la nueva ley del Conahcyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.
La LGHCTI, que legisladores de oposición buscan invalidar, tiene como propósito recuperar la confianza en la capacidad de los mexicanos y mexicanas para formar científicos de calidad mundial; pretende evitar la fuga de cerebros mediante el apoyo de posgrados nacionales, a los cuales ya se destinan cuatro veces más recursos que en 2018.
Esta ley general vincula la producción científica con la solución de las necesidades sociales, como la pobreza extrema, la salud o la inseguridad, entre otras. Se implementan Programas Nacionales Estratégicos orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de las problemáticas nacionales.
Al reasignar miles de millones de pesos —que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario— se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores. A través de los 91 fideicomisos constituidos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada.
Por ejemplo, cuando el ahora diputado federal Juan Carlos Romero Hicks encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec, entregó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico.
Resulta cuestionable que el diputado Santiago Creel Miranda, el último día de su gestión en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca, cuyos recursos se entregan directamente, sin intermediarios, lo que implica un incremento de más 38 por ciento en la inversión para 2023, en comparación con 2017.
El derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado. Por ende, la SCJN debe confirmar la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, en respeto a la libertad configurativa del Congreso de la Unión consagrada en el artículo 73, fracción XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.