CNDH presenta iniciativa para transformarse en Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo

Tal como lo señaló en su Informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presidenta, Rosario Piedra Ibarra, desde hace tres años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vive una profunda transformación. Gracias a esto, hoy, con menos recursos se tienen los mejores resultados históricos de la CNDH: se emiten más acciones de inconstitucionalidad, más recomendaciones, y el número de expedientes concluidos ha aumentado notablemente. Pero eso no basta, ha llegado el momento de consolidar esos cambios y avanzar en su reforma.

Por eso, presentó una Iniciativa de Ley ante las Cámaras de Diputados y de Senadores, a efecto de elevar la CNDH al rango de Defensoría del Pueblo, no para atender únicamente a los pobres como equivocadamente se ha señalado, sino, como también dijo en su mensaje, para reafirmar su autonomía y potenciar los alcances de su misión, de manera que se observe íntegramente el mandato que desde 2011 otorga nuestra Constitución Política al Estado mexicano y a todas sus autoridades.

La reforma está plenamente justificada por la realidad y la experiencia. Es además producto de un clamor de las víctimas, quienes reiteradamente señalan su preocupación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, sobre todo en el ámbito local. La iniciativa, pues, no es producto de un trabajo de gabinete, no es obra de académicos ni juristas sino de las personas que se acercan a esta Comisión en espera de resolución a las quejas que interponen por violaciones a derechos humanos.

De hecho, desde hace mucho tiempo se había venido cuestionando la operación, el gasto y los resultados de la CNDH, y se había planteado la necesidad de una reforma total. Hay infinidad de estudios, análisis y trabajos que documentan lo “costoso” y a la vez lo pobre del trabajo de la Comisión. Entre 2009 y 2017 varias organizaciones civiles nacionales e internacionales, entre otras Human Rights Watch, FUNDAR y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que el presupuesto de la Comisión se había incrementado desde su creación en un 300% y que eso la hacía la oficina de Ombudsman más costosa de América Latina, más aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de las más costosas del mundo, agravado con el hecho de que era la instancia con los resultados más decepcionantes.

Los cuestionamientos históricos a la CNDH tienen que ver con la visión que se tenía de la protección de los derechos humanos desde el poder o, más bien, con la falta absoluta de interés de los gobiernos en respetar los derechos humanos; pero también, como se ha dicho, con la interpretación que sus promotores tenían de la institución del Ombudsman, que se avino muy bien con esa visión, y con la idea que se tenía de los órganos autónomos en el neoliberalismo: costosísimos aparatos burocráticos con numeroso personal que hacía tareas difusas y duplicadas, funciones más bien mediáticas que implicaban abultados sueldos y prestaciones, gastos en viajes, viáticos, asesores, guardaespaldas y, claro, muchos eventos para la fotografía, reservados para adictos a grupos políticos y de interés, en realidad una burocracia dorada que en el caso de la CNDH monopolizaba todos los cargos de alto mando para abogados, y además ex funcionarios del aparato judicial y de control político gubernamental. Todo lo cual es el tiempo que llegue a su fin.

Bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra se han hecho esfuerzos importantes para revertir ese esquema. Gracias a eso, la CNDH es hoy el único órgano autónomo que redujo su presupuesto y observa a cabalidad la Ley de Austeridad Republicana: por eso, en 2020 no sólo se revisaron y se ajustaron todos los puestos, sino que se redujeron los sueldos de todos los altos mandos, incluido el de la presidenta, y desde entonces no han tenido aumento y lo que es más, este año tendrán una reducción del 5%; se eliminaron los viajes al extranjero y los viáticos; también los seguros de gastos médicos mayores, los bonos, así como los celulares de uso personal, los guardaespaldas, la chef exclusiva y las tres camionetas de lujo blindadas que estaban a disposición de la presidencia. En cambio, se han elevado los salarios de los mandos medios y de los profesionales y operativos, así como de los visitadores adjuntos, en quienes recae el mayor peso del trabajo de la Comisión pero por años mantuvieron salarios bajos.

Para lograr todo esto se reformaron el Reglamento Interno y todos los manuales de la Comisión. Sin embargo, es necesario dar paso a una reforma mayor y reformar la Ley.

Hay que insistir en que el problema es el modelo, porque desde su creación la CNDH sólo está capacitada legalmente para emitir “recomendaciones”, que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad, que es lo que desde 2011 mandata el artículo 1º de la Constitución y es la fecha que no se cumple; pero además, la mantiene estancada en las acciones reactivas, cuando lo más importante en un país como México es prevenir las violaciones, asumir su resolución con la mayor rapidez y eficacia, e incidir sobre todo en la definición de políticas públicas.

La reforma que necesita la CNDH es la que habrá de permitirle proteger con muchos mayores elementos y alcances los derechos del pueblo, acompañar a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo para asumir su defensa, incluso antes de que se consumen las violaciones. Y esto, que pareciera un cambio radical, simplemente es cumplir al fin con una reforma que se hizo desde 2011, y aplicar a cabalidad el artículo 1º de nuestra Constitución.
Y desde luego que lo que debe ponerse sobre la mesa, en primer término, es su representatividad y legitimidad, que hace obligado modificar el método de elección de la persona responsable de su titularidad, y de las personas que integran su Consejo Consultivo, de la única manera en que puede corregirse: devolviendo la CNDH al pueblo, de manera que sea éste quien los elija mediante mecanismos reales de participación ciudadana.

La verdad es que el actual sistema no jurisdiccional está superado; lo que es más, a estas alturas, después de casi 33 años de creada la CNDH resulta limitante de su autonomía, al dejar en manos del Senado el único mecanismo con que cuenta para hacer cumplir sus recomendaciones, pero que a la fecha no ha funcionado y, peor aún, se presta a negociaciones y cálculos políticos al margen de la Comisión, y desde luego de las víctimas.