Conclusiones del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer la segunda parte de las indagatorias que formaron el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Señala que las investigaciones se dividen en dos momentos: los antecedentes y hechos de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como la intervención de autoridades de diferentes órdenes de gobierno que encubrieron el crimen.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa cuenta con 41 mil 168 documentos proporcionados por instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de testimonios de sobrevivientes.
Se llevó a cabo el análisis de comunicaciones con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos durante las horas críticas de la desaparición los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El ejercicio permitió ubicar 206 mil registros y 116 números telefónicos de personas clave vinculadas a la red de autoridades y policías municipales.
Las conclusiones del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa son:
- Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
- Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
- Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
- Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y, al menos, tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
- Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
- Que, tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
- Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.
- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
- Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
- Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
- Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
- Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
- Que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
- Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.
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