Parlamento Juvenil LGBTIQ+ presenta 16 propuestas legislativas sobre reconocimiento a sus derechos, igualdad y no discriminación

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Por primera vez en la historia del Congreso de la Unión, desde la tribuna del Senado de la República personas que pertenecen a las poblaciones LGBTIQ+ presentaron 16 propuestas legislativas en relación con el reconocimiento de sus derechos y mejores condiciones para vivir en igualdad y sin discriminación. En el Parlamento Juvenil LGBTIQ+,  organizado conjuntamente entre la Bancada Naranja, la organización LGBT+ Rights México y el Senado de la República, que se desarrolla este jueves en el Pleno de la Cámara de Senadores, participan 64 personas parlamentarias de distintas orientaciones sexuales e identidades de género de entre 18 y 29 años de edad provenientes de todas las regiones del país; 16 de ellas presentan los dictámenes legislativos, mientras que las 48 restantes hacen posicionamientos sobre éstos.

Durante el acto inaugural, el coordinador de la Bancada Naranja en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que el Parlamento Juvenil LGBTIQ+ es un espacio que ayuda a visibilizar a las comunidades de la diversidad sexual y  fomentar su participación en los ejercicios de representación política, alentar a que se involucren en el que hacer público y que construyan propuestas que mejoren la vida de quienes hoy padecen prejuicios y violencias. Aseguró que Movimiento Ciudadano reconoce, promueve y defiende las causas de las diversidades sexuales y de identidad de género, pues “el futuro que merece México será con derechos y libertades para todos, todas y todes”. Sin embargo, indicó que el país aún tiene mucho que recorrer para deshacerse de los prejuicios y estigmas.

A su vez, la senadora Patricia Mercado, vicecoordinadora de la Bancada Naranja, dijo que ante las resistencias en el
Congreso para el reconocimiento de los derechos y libertades LGBTIQ+ le pareció una buena idea la realización de este Parlamento, el cual fue propuesto a ella por la organización LGBT+ Rights México. En su participación, el coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, Sen. Dante Delgado, afirmó que este instituto político promueve la visibilización de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.

Señaló que este Parlamento tiene la finalidad de promover la participación política y construir un espacio para que las personas jóvenes aporten sus ideas, propuestas e inquietudes en beneficio de los derechos y libertades de las diversidades sexuales y de género. Añadió que las propuestas legislativas presentadas tendrán respuestas por parte del Senado de la República.

“Es muy importante reconocer que es la primera vez en la historia del Congreso de la Unión que desde la tribuna del Senado de la República se dirigirán a la nación personas que pertenecen a las comunidades LGBTIQ+”, dijo el legislador.

A su vez, Enrique Vives, presidente nacional de LGBT+ Rights México, se comprometió a impulsar a nivel federal y en los 32 congresos locales cada una de las iniciativas presentadas por las 64 personas parlamentarias, a quienes reconoció por ser agentes del cambio político en México tal como lo fueron los constituyentes de 1917.

“Este Parlamento es por todas las personas que amaron en silencio, por todas las que se soltaron la mano al salir a la calle, por todas las que aguantaron preguntas incómodas, por las que lloraron a escondidas, por las que fueron discriminadas en la escuela, por las que se vistieron con ropa que no las representaba, por las que tuvieron el miedo de contárselo a sus familias, por las que se vieron obligadas a dejar su hogar, por las que siguen sufriendo día a día y por las que ya no están”, comentó.

Las 16 propuestas legislativas son 14 iniciativas con proyecto de decreto que reforman distintas leyes federales y generales, así como dos puntos de acuerdo dirigidos a la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas.

El punto de acuerdo dirigido a las fiscalías les exhorta a crear una agencia, unidad o fiscalía especializada en investigación de delitos cometidos contra la población LGBTIQ+ dentro de sus respectivas estructuras orgánicas, mientras que a las gobernadoras y los gobernadores se les exhorta a crear programas basados en la protección de personas indígenas y afromexicanas pertenecientes a la diversidad sexual.

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