En el proceso de negociación, se ha cuidado siempre el prestigio y la buena marcha de la Denominación de Origen Mezcal para no afectar al Estado Mexicano, ni la economía de los productores de mezcal, ni la protección a los consumidores.
Al momento, no ha sido posible alcanzar la conciliación de las diferencias entre ambos grupos, por lo que la Secretaría de Economía, respetando las decisiones internas y gremiales del Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal, decidirá durante la siguiente semana con quién establecerá formalmente interacción para que lleve a cabo la evaluación de la conformidad del Mezcal, en el entendido de que la validez o nulidad de los actos corporativos del Consejo Directivo del Consejo Regulador de la Calidad es competencia de otras autoridades.
Desde el 28 de noviembre de 1994, el Mezcal se constituyó en la segunda Denominación de
Origen en nuestro país, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de su
Declaración de Protección; los alcances de la Denominación de Origen se vieron
fortalecidos por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas
alcohólicas – Mezcal – Especificaciones (NOM del Mezcal).
Para garantizar la calidad del producto en términos de la NOM del Mezcal, así como la protección de los consumidores, se estableció un procedimiento para evaluar la conformidad del producto y certificar que todo lo que se denomine Mezcal cumpla con las especificaciones establecidas en la NOM.
Actualmente, existen diversos organismos de certificación que brindan el servicio a los productores que requieren certificar su producto y denominarse como Mezcal en el mercado nacional o internacional; entre ellos está el Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal, entidad que se encuentra en un proceso de cambio al haber concluido la presidencia de Hipócrates Nolasco Cancino.
La tarea principal de la Secretaría de Economía en esta coyuntura es otorgar certidumbre al mercado nacional e internacional, así como a los productores de Mezcal, buscando siempre respetar y que se respete el Estado de derecho y la protección a los consumidores.