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Ciudad de México. 26 de diciembre de 2018.- El Juzgado XII de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, informó que el predio que ofreció en garantía Diego Fernández de Cevallos, ubicado en Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, para que el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés pudiera salir en libertad condicional, incumplió con los requisitos, pues no permite conocer si el ‘valor fiscal’ del inmueble es suficiente para cubrir la garantía señalada y los gastos de ejecución de la hipoteca.
Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó que el Juzgado XII precisó la resolución que tomó en el caso del exgobernador, quien se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente acusado de defraudación fiscal equiparable.
“Pues si bien el fedatario público que la constituyó otorgó al predio el valor de 402 millones 825 mil pesos, ello lo hizo con base en un avalúo en el que, lo que se determinó, fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal”.
De acuerdo con información de Reforma, el CJF publicó el pasado 21 de diciembre que el Juzgado XII de Distrito en Procesos Penales Federales de Ciudad de México determinó que la propiedad de Fernández de Cevallos no cumple con los requisitos señalados en el artículo 405 del Código Federal de Procedimientos Penales.
“Tampoco señala que la hipoteca deba cubrir la reparación del daño a cuyo pago pudiera condenarse al procesado. En caso de controversia, erróneamente sujeta a las partes a la jurisdicción de los tribunales locales, pues es el fuero federal al que le corresponde conocer y resolver los conflictos que se susciten”.
Es en este Juzgado es donde se lleva a cabo el proceso penal contra Guillermo Padrés por la supuesta defraudación fiscal que asciende a 70 millones 415 mil 367 pesos.
Para que el exgobernador pudiera reemplazar la reclusión preventiva a la cual estaba sujeto el Juzgado de Ciudad de México le impuso tres medidas cautelares que son la presentación periódica ante el órgano judicial, la exhibición de garantía económica por 100 millones de pesos y por último la prohibición para poder salir del país.
Con información de Político MX, Reforma y El Sol de México.