Por: David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 06 de junio de 2018.- Las investigaciones del Caso Iguala presentan graves irregularidades, lo que demuestra que la Procuraduría General de la República (PGR) nunca se interesó en aclarar el objetivo principal; conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y aplicar la justicia a los responsables.
Durante la presentación del Informe del Primer Año de labores del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los comisionados de este organismo coincidieron que en tres años y ocho meses de los hechos, no existe ninguna diligencia sobre la participación del Ejército, Policía Federal, policías municipales, autoridades estatales o funcionarios de gobierno que hayan participado con su omisión para aclarar este caso.
Agregaron que tampoco se conocen posibles consignaciones de responsables por desaparición forzada, sino sólo por uso indebido de funciones, crimen organizado y secuestro.
Esmeralda Arosemena, relatora para México de la CIDH y Luis Ernesto Vargas Silva, integrante del MESA, señalaron que la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, hecha pública el 4 de junio y mediante la cual se ordenó reponer el proceso, es un fallo inédito.
Y exhortaron al Estado mexicano a cumplirlo, ya que esa es su obligación al tratarse de un mandato judicial.
Vargas Silva aseguró que con la sentencia de los magistrados la ‘verdad histórica’ planteada por el Gobierno federal y la PGR, ahora ‘está enterrada’, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a cambiar la narrativa de las investigaciones e implementar nuevas líneas en las indagatorias.
El Primer Tribunal ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia, estará conformada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público (MP); aunque las dos primeras instancias tendrán mayor peso y dictarán las acciones a realizar.
Arosemena consideró que no es válido el argumento de las autoridades mexicanas que señalan que otros delitos ofrecen una sanción mayor, pues destacó la importancia de establecer que se trata de un delito de desaparición forzada.