Por: David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 07 de mayo del 2018.- Para el Gobierno de México los resultados de un informe de la ONU sobre las torturas a los 34 procesados por la desaparición de los 43 normalistas, son prematuras y pondrían en riesgo las investigaciones que se mantienen abiertas por este caso.
En un comunicado conjunto, la federación manifestó su desaprobación a las conclusiones del documento ‘Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa’, publicado el 15 de marzo pasado.
Como respuesta a este estudio, México exclamó su descontento ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en donde descartó por completo la tortura a los personajes que han sido señalados como responsables de la desaparición.
Incluso aseguró que se le practicó el Protocolo de Estambul al grupo de acusados e insistió en que hasta la fecha no se han detectado indicios de tortura en todos los involucrados.
“Como se destaca en el documento de observaciones, después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos.
En el documento de observaciones, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas”, se lee en un comunicado conjunto.
Manifestó que la investigación en curso atenderá los principios aplicables y las normas jurídicas nacionales e internacionales, incluidas aquellas que establecen la exclusión de las pruebas en los casos donde se comprueba la comisión de actos de tortura.
Agregó que la Visitaduría General de la PGR continúa con las indagatorias para fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica.
El Gobierno mexicano también consideró que el Informe de la ONU-DH ‘carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’ como su mismo título lo describe’.
Finalmente, la Federación reiteró su propósito para agotar todas las líneas de investigación en el Caso Iguala y de seguir trabajando con la CIDH para resolver y castigar a todos los responsables.