Por: Enrique Serna
Acustik Noticias
CDMX, 1 marzo 2018.- La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis, mencionó, ante medios de comunicación, que lo ideal es que en el estado de Puebla se modifique la legislación electoral con referencia a los aspirantes independientes, ya que consideró poco el tiempo establecido para reunir los apoyos ciudadanos.
“Consideramos que treinta días para recolectar más de, creo que son 130 mil firmas; si bien recuerdo, el tres por ciento; es un periodo breve para poder compilar, justamente, toda esa totalidad de firmas”
En ese sentido, mencionó que un periodo prudente asciende a 60 días, como lo determinó la Sala Superior, en su oportunidad.
En momentos previos; en el tribunal local, y ante magistrados de la Sala Regional, encabezados por el Magistrado Presidente, Fernando Chevallier Ruanova, y de Presidentes de las Tribunales Electorales Estatales de la Cuarta Circunscripción; Otálora se refirió a los retos que tienen esas instancias, de cara al proceso comicial más relevante de la historia moderna de nuestro país.
A decir de la jurista, el primer reto se refiere a defender los derechos político-electorales de la ciudadanía, en tanto que son derechos humanos. En segunda instancia, se debe transmitir a la ciudadanía y a los actores políticos las razones detrás de las decisiones; ello en relación a, “la especie de tensión, producto del diferendo de opiniones sobre un tema específico. Estos desencuentros o desavenencias suceden por ser el resultado natural de las funciones que al INE y al Tribunal Electoral les corresponde desarrollar en el diseño institucional que tenemos, ambas son instituciones electorales de garantía, una aplicando la ley y otra revisando esta aplicación”, puntualizó en su discurso.
El tercer reto es mostrar la responsabilidad ética que afiance la autoridad legal. En ese sentido, consideró que el liderazgo de las instituciones no sólo debe proceder de las facultades conferidas por la Constitución y la ley, sino que debe ser respaldado por la calidad de sus decisiones.
El cuarto reto obliga a impulsar una justicia abierta, como valor en sí mismo y como un mecanismo que demuestre responsabilidad ética. Finalmente, dijo que el quinto objetivo es impartir justicia electoral que dé certeza a la democracia.
Como garantes del orden constitucional y defensores de los derechos políticos, los tribunales electorales deben tener claro que su deber principal, es garantizar la legitimidad democrática de los procesos electorales, y por lo tanto, de quienes resulten favorecidos con el sufragio.
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