Por David Rodríguez/Acustik Noticias
Ciudad de México. 2 de marzo de 2018.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Gobierno de México por la falta de un registro de personas heridas y muertas por enfrentamientos entre el Ejército y miembros de la delincuencia organizada y las fuerzas armadas.
En el marco de las audiencias abiertas del 167 Periodo de Sesiones de la CIDH, se discutió la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Ejecutivo Federal el año pasado, se rechazó, también, que se criminalicen las protestas sociales por representar un supuesto riesgo a la seguridad civil.
Esmeralda Arosemena De Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH, destacó que la federación no se ha preocupado por fortalecer a las policías municipales y solamente se concentra en dar más poder al Ejército.
La necesidad del fortalecimiento de las policías municipales, qué medidas frente a la aprobación de la ley porque se hace el reconocimiento que hay una limitación de efectividad de las policías federales, qué medidas están ya programadas, identificadas como para alcanzar este fortalecimiento de las policías federales y la rendición de cuentas de las fuerzas armadas.
“En este proceso de registro de las personas que resultan heridas y muertas en enfrentamientos y que dejó de registrarse en las fuerzas armadas, lo colocó en la relación con la importancia del trabajo de las fuerzas armadas y su compromiso de rendición de cuentas, se dejó en algún momento la responsabilidad de este registro, si hay alguna propuesta de exigir este registro para poder tener una información directa sobre esto”, comentó Troitiño.
Por su parte, Luis Ernesto Vargas Silva, segundo vicepresidente de la CIDH, señaló que hay una paradoja en la Ley de Seguridad Interior por evitar uno de los derechos humanos fundamentales, la protesta social.
Insistió en que los movimientos sociales deben mantenerse como una garantía que tienen las personas para manifestar su rechazo a aquellas leyes que no resulten justas o equitativas.
“Que todo tienda hacia la criminalización de la protesta social y a que en vez de utilizar el derecho penal como última razón, lo conviertan en primera y eso me parece muy complejo, muy grave porque los estados debería realmente impulsar el tema de la participación social cuando se van a producir leyes. Desde hace muchas décadas, desde centurias eso ya pertenecía al derecho Jurásico, los filósofos señalaban que las leyes para acatarlas deben ser justas, entonces no puede ser que cuando una sociedad se moviliza porque le están haciendo leyes afectatorias de sus derechos, la respuesta del estado en vez de garantizar las movilizaciones y participación adecuada de la sociedades, sea la criminalización de la protesta”, comentó Vargas.
Mientras que por parte del Gobierno federal, asistieron Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Rafael Avante Juárez, subsecretario de derechos humanos de Segob y Sara Irene Herrerías, titular de Derechos Humanos de la PGR.
Ruiz Cabañas y Avante Juárez coincidieron en que la base de la Ley de Seguridad Interior es la protección de la sociedad, que podría estar amenazada por la delincuencia organizada, pero bajo los más altos estándares de protección de derechos humanos.
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