La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comenzó un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponer una multa económica a la empresa de seguridad privada que custodiaba la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así lo informó la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa que ofreció en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, acompañada por la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.
Rodríguez reiteró que el Gobierno de México siempre va estar del lado de las víctimas y tiene como atención prioritaria la recuperación de las 28 personas heridas.
Precisó que la acción administrativa contra la empresa es paralela a la investigación que lleva la FGR sobre los hechos donde fallecieron 39 personas migrantes el pasado 27 de marzo.
Aseguró que la empresa fue identificada como Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada fue el 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024.
Explicó que de la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, pues la empresa sólo tenía registrados 4 elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por 503 elementos.
En tanto, la fiscal Herrerías informó que esta madrugada finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y lesiones contra tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Añadió que en el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación; además, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del INM.
“Se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma. Para decirlo con toda claridad, cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”, explicó.
Se está trabajando, indicó la fiscal, en coordinación con el equipo de la SSPC, que encabeza la secretaria para establecer cuál es la estructura organizacional del INM.