Tarifas, oferta-demanda y fuentes renovables, temas del Foro 11 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica

Al hablar a favor, Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad, mencionó que la CFE tiene el compromiso de establecer tarifas para el servicio público y que la iniciativa presentada por el presidente de la República busca devolver a las y a los mexicanos el sentido social que tiene el sector energético, porque la energía eléctrica es una necesidad básica, más cuando hay desigualdades tan pronunciadas en el país.

Indicó que la CFE tiene el compromiso de impulsar el desarrollo del país con energía eléctrica; el interés privado solo piensa en utilidades y más cuando son empresas extranjeras. El sector servicios ya no tiene sentido social, el alumbrado público aumentó de manera extraordinaria y hoy los municipios y estados tienen graves problemas para pagar sus montos.

José María Lujambio Irazábal, abogado energético y socio del despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), comentó que la iniciativa propuesta no cumplirá con los propósitos que se están planteando; al contrario, tendría impactos negativos en muy diversos sentidos. “De aprobarse la reforma se legalizaría esta práctica de mayor utilización de fuentes fósiles y la energía sería más cara, contaminante y escasa”.

Mencionó que la finalidad del suministro calificado es que ciertos usuarios puedan acceder a diversas alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor de electricidad que mejor satisfaga sus necesidades. Asimismo, contribuye directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce en productos y servicios más baratos y de mayor calidad.

A favor, el director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, José Martín Mendoza Hernández, señaló la necesidad de modificar en la legislación el tema de los costos, porque existen 180 tarifas a lo largo del país, lo cual ha originado que se pierda el sentido social y que los estados y municipios deban a la Comisión Federal de Electricidad cerca de 20 mil millones de pesos, por la imposibilidad de pagar el agua potable y el alumbrado público.

Mencionó que con el actual marco normativo se restringe el crecimiento en la inversión, por lo que se requiere reformar los conceptos de generación y distribución, pues ello impacta en los costos, así como adecuar el mercado spot, el cual se desarrolla en un entorno de volatilidad.

Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión de Energía de la Coparmex, expresó que se quiere una CFE fuerte, pero las tarifas de consumo básico no han bajado y la propuesta de reforma constitucional es contraria a la libertad de elegir de las y los mexicanos a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas e innovar.

Hizo votos para sumar esfuerzos entre los privados y el gobierno, porque México tiene el potencial de ser líder exportador de energía eléctrica de Norteamérica y Centroamérica; hay interconexiones y la capacidad de energía limpia, eólica, solar e hidroeléctrica. Es importante el trabajo en equipo para enfrentar el reto que es el sistema eléctrico del país. De darse la reforma constitucional en sus términos, se apagarían estas centrales.

Destacó que no se debe hacer una reforma constitucional que meta en una licuadora a los suministradores calificados, básicos y sociedades de autoabasto, porque son dos esquemas de generación distintos que no se pueden comparar. Además, comentó, las tarifas en México no deberían subir menos que la inflación, porque están hechas para disminuir, a través de la libre competencia y que el consumidor se sienta bien atendido. Se está dejando fuera al consumidor, a las familias mexicanas y a las pequeñas y medianas empresas. Pugnó por revisar la reglamentación y los manuales.