El impulso parlamentario que brinda el Congreso del Estado, a través de acciones puntuales que buscan el robustecimiento del Estado de Derecho, suma a Quintana Roo a la cruzada de la recuperación de la paz de las familias mexicanas y reconstrucción del tejido social, que encabeza el presidente de México.
Lo anterior lo declaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI Legislatura, Gustavo Miranda García, quien hizo un llamado al Senado de la República para trabajar en una agenda legislativa conjunta que permita la recuperación de la paz de las familias mexicanas y quintanarroenses, acorde a la cruzada nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Miranda García agregó que, derivado de la crisis de inseguridad que ha golpeado con mayor fiereza a Quintana Roo, se ha hecho una afrenta institucional en contra de los delitos que más vulneran la integridad y el patrimonio de los quintanarroenses, tal es el caso del delito de extorsión, mejor conocido como “cobro de derecho de piso”, una de las conductas antijurídicas que atentan contra la tranquilidad, la seguridad y el patrimonio de las familias quintanarroenses.
Reveló que para este 2021 el panorama es aún más desolador, puesto que Quintana Roo actualmente es el doceavo estado con más casos reportados de extorsión en toda la República Mexicana y su incidencia delictiva como la octava más alta, cifras que no son un reflejo fehaciente de la realidad vivida a diario por los quintanarroenses ya que muchos, por temor a represalias o por su desconfianza en las instituciones por el pensamiento generalizado de que no pasará nada y el caso quedará impune; no acuden a realizar su denuncia.
Entre las acciones impulsadas por la XVI Legislatura se encuentran: aumentar hasta en un tercio las penas establecidas por las diferentes causales del delito de extorsión; añadir dos supuestos jurídicos como causales de extorsión: quienes se ostenten como miembros del crimen organizado al cometer el ilícito, mismos que buscaremos se aplique la pena máxima y quienes trabajen en instituciones que manejen datos personales y se valgan de su puesto para cometer extorsión; y aumentar la pena a quienes utilicen medios electrónicos para cometer el ilícito.