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Homún, Yucatán. 4 de octubre de 2018.- La Juez Cuarto de Distrito, con la comitiva de proteger a la infancia, ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la granja porcícola de Homún, Yucatán. Esto, tras emitir el acuerdo que admitió un amparo interpuesto por los representantes legales de seis niñas, niños y adolescentes del municipio.
Lo dicho se reveló mediante un comunicado emitido por los guardianes de los cenotes sagrados de Homún, Ka’anan Ts’onot, y el equipo defensor de los derechos humanos en la península yucateca, Indignación.
El documento señala que el amparo fue presentado contra las autoridades que autorizaron la construcción y operación de la granja: el gobernador del estado, el titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el mandatario municipal.
Además, se presentan reclamos por las violaciones a los derechos del agua, a un medio ambiente sano y afectaciones al desarrollo humano, y la exigencia de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y la adolescencia.
‘La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico’, reconoció como posibilidad y riesgo la Juez.
“Existe un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y con ello se provoquen perjuicios de difícil reparación para las quejosas, especialmente en atención a los derechos que estiman violados, que son tan sensibles”, agregó.
Asimismo, consideró que ‘existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna […] en particular sus pobladores menores de edad, ya que incluso la Constitución establece que interés superior de la nación que sus niños se desarrollen libre y sanamente y tengan asegurado un futuro digno’.
La decisión de la Juez obliga a Producción Alimentaria Porcícola, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (PAPO) a detener toda acción que implique la puesta en marcha y/o funcionamiento de la granja.
Y por otro lado a las autoridades estatales y municipales a implementar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar que dicha suspensión sea efectiva.
Con información de Regeneración y Yucatán Ahora.