Ordenan magistrados que destrucción de evidencias audiovisuales del Caso Iguala debe indagarse y castigarse
Por David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 6 de junio de 2018.- Las evidencias que fueron destruidas sobre el Caso Iguala así como los responsables de estos actos deberán ser investigados y castigados por la autoridad federal.
De acuerdo con el fallo de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) deben indagar a fondo aquellos personajes que ocultaron, desaparecieron y destruyeron aquellos videos que habrían sido evidencia elemental en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los magistrados recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, durante su estancia en México, que las grabaciones de una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, nunca fueron encontradas.
El GIEI estableció en su reporte que los videos fueron enviados a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero y después ya no se supo nada de ellos,
La sentencia del Tribunal Colegiado externó su preocupación tras revisar el estudio del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de alarmante estos hechos y más que se trata de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas.
Los magistrados destacaron que por la evidencia fílmica existente, independientemente de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial.
Según las investigaciones realizadas por la PGR, indican que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron secuestrados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
Mientras que el Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, informó que aquella noche la seguridad visual estuvo a cargo de un funcionario municipal y de un militar, quienes tuvieron acceso a las imágenes de esas cámaras de seguridad.