Redacción | Acustik Noticias
CDMX. 01 de junio de 2018.- En el programa Aristegui Noticias se dio a conocer la carta, Muna Dora Buchahin, ex directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación y quien tuvo a su cargo las investigaciones que documentaron los desvíos de Sedesol y Sedatu, en la que pide explicación por cese en cargo.
En la misiva dirigida a su actual titular, David Rogelio Colmenares Páramo, explica que el pasado miércoles 23 de mayo, Gerardo Lozano Durbernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero le informó que, por instrucciones suyas, debía separarme del cargo de directora general de Auditoría Forense de la ASF a más tardar el 31 de mayo. 
Sin embargo, detalla, la exservidora pública que tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes por las siguientes razones ya que al preguntar por las razones la separación del encargo, no hubo ninguna más que la obediencia a la ya mencionada instrucción superior.
Actualmente, apunta Muna Dora Buchahin, están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017.
En el contenido de la misiva, Buchahin dice que llama la atención que el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a la dirección general que ella encabezaba, a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditoría desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7 mil 700 millones de pesos e involucran a funcionarios de SEDESOL, SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada, señala.