Por David Rodríguez / Acustik Noticias
CDMX. 10 de mayo de 2018.- Un juez y una fiscal que trabajaron durante la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fueron detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de sabotaje en contra del periodista Pedro Canché Herrera, al fabricarle cargos inexistentes y que lo mantuvieron en prisión por nueve meses.
De acuerdo con la dependencia federal, el juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia, Javier Ruiz Ortega y la agente del Ministerio Público de la Procuraduría Estatal, Tila Patricia Galera León, fueron aprehendidos por una orden girada por delitos contra la administración de la justicia.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR concluyó que tanto la consignación como el auto de formal prisión en perjuicio del periodista fue una maniobra cuya finalidad fue afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.
Ambos servidores fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, donde fueron puestos a disposición del juez federal que definirá en los próximos días su situación jurídica.
“La investigación señala que Tila Patricia ‘N’, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una indagatoria sin contar evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística.
Por otra parte, la FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier ‘N, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje”, divulgó PGR en un comunicado.
La acusación fabricada contra Pedro Canché se dio por la cobertura que realizó en una manifestación pública a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chetumal, sitio donde tomó fotografías, grabó video y recabó información.
Sin embargo, Ruiz Ortega y Galera León llevarán su proceso en libertad ya que el delito de entorpecer maliciosamente la administración de justicia no es considerado grave y tampoco está previsto que se ejecute prisión preventiva oficiosa.