Por: José Luis Pérez
Corresponsal Acustik Noticias
Culiacán, Sinaloa, 23 de marzo del 2018.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 1/2018 dirigida al Ayuntamiento de Mazatlán tras haber acreditado la existencia de una violación al derecho humano a la libertad de pensamiento y expresión garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
Esto, al comprobarse que un funcionario de la administración del alcalde con licencia Fernando Pucheta impidió el ejercicio periodístico de una reportera del periódico Noroeste.
El Organismo Estatal consideró procedente la reparación de los daños ocasionados en los términos siguientes: la revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; una disculpa pública y una investigación administrativa y en su caso, aplicación de sanciones jurídicas o administrativas al responsable de las violaciones.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos instó a las autoridades del Ayuntamiento de Mazatlán realicen actos de reconocimiento de la verdad de los hechos acontecidos, de su responsabilidad institucional por los actos cometidos por sus servidores públicos y ofrezcan una disculpa pública institucional adecuada de las violaciones acreditadas en esta Recomendación.
De igual manera, solicitó que dentro de las medidas de satisfacción y como parte de la reparación del daño ocasionado, las autoridades recomendadas inicien la investigación administrativa que corresponda por las violaciones a los derechos humanos en que incurrió.
Además, el Ayuntamiento de Mazatlán, debará realizar acciones que garanticen la no repetición de actos como los analizados en la presente resolución.
La CEDH consideró necesario se implementen medidas específicas para que los servidores públicos de ese municipio omitan repetir situaciones como las mencionadas en este documento, así como cualquier pronunciamiento que tenga por objeto estigmatizar el trabajo que llevan a cabo las personas que documentan o difunden información en ejercicio de su libertad de expresión.