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El exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración.
Un juez federal determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de ‘su puño y letra’ y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez federal Orlando Íñiguez Delgadillo también impuso medidas cautelares, que consisten en que el exfuncionario acuda a firmar a juzgados cada quince días y la prohibición de salir del país sin permiso de la autoridad judicial durante los siguientes tres meses, periodo en el que se desahogarán más pruebas.
Íñiguez Delgadillo consideró que las pruebas son suficientes para señalarlo como posible responsable de haber ‘faltado a la verdad’ al decir que su firma fue falsificada, por lo que continuará el proceso penal en su contra y tanto la FGR como la defensa del imputado presentarán más pruebas durante los próximos tres meses, para la próxima audiencia fijada en abril.
El pasado 28 de enero, Animal Político informó que González Tiburcio, quien fungió como subsecretario de Ordenamiento Territorial durante la administración de Rosario Robles en la Sedatu, es uno de los exfuncionarios de más alto nivel implicado en un convenio que derivó en el presunto de desvío de recursos públicos, llamado la Estafa Maestra.
Sin embargo, su abogado Julio Hernández Barros explicó que el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que, de inicio, fue declarado como inexistente porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría.
Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.
Por ello, aseguró Hernández Barros, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia.
Un mes después, el OIC interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de la firma contra quien resultara responsable. Fue así como inició la investigación respecto a ese convenio.
El pasado 29 de enero, González Tiburcio acudió a la tercera audiencia del caso realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, donde su defensa ofreció pruebas para comprobar la supuesta falsificación de su firma, mientras que los abogados de la FGR intentaron demostrar lo contrario.
También el exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena, fue vinculado a proceso por la Estafa Maestra.
El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del mismo centro judicial, procesó desde el 28 de diciembre a Juan de Dios Nochebuena por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de darle una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos.
A Nochebuena se le imputa la subcontratación presuntamente ilegal de diversos servicios como el diseño de software para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
Ambos son señalados por los desvíos de 185 millones 839 mil 480 pesos mediante contratos simulados que fueron firmados por personal de la universidad con dos empresas fantasmas para elaborar sistemas informáticos.
Con información de Animal Político, Red Crucero y AM Noticias.
Fotografías de NNC y Animal Político.