Demandan a Gobierno de Coahuila transparentar compra de despensas y origen de los recursos

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Por: Guadalupe Alcalá | Acustik Noticias

Coahuila. 05 de junio de 2018.- Los diputados Blanca Eppen Canales y Fernando Izaguirre Valdés solicitaron al secretario de Finanzas y al de Inclusión y Desarrollo Social así como al Gobernador que informen de dónde provendrá el dinero para pagar más de 2´620,000 despensas que adquirieron, en qué se basaron para definir la cantidad de despensas a repartir en cada municipio y que transparenten la ubicación exacta de dónde serán entregadas y por quiénes.

El 21 de Mayo de 2018 la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado emitió una Convocatoria para participar en la contratación del suministro de despensas correspondiente al ‘Programa Alimentario 2018’, a través de una Licitación Pública con número CE-905002984-E30-2018.

De acuerdo a las Bases de la convocatoria hay diferentes vacíos en la información que hacen pensar que la licitación, tiempos de entrega, monto a erogar por concepto de pago de cada despensa, número de despensas que se distribuirán y puntos de entrega, no cumplen con los principios de transparencia bajo los cuales el Gobierno del Estado debe actuar para realizar dicha compra y entregas y se enlista lo siguiente:

“No queda claro de dónde provendrá el dinero para pagar las 2´620,000 despensas contenidas en la licitación, ya que sólo se limitan a informar que el origen de los fondos son cien por ciento estatales, lo que resulta ilógico ya que a principio de la administración el Gobierno tuvo que recurrir a un préstamo de más de 950 millones de pesos por falta de liquidez”, señalan.

Dijeron que tampoco especifican ubicación exacta de los 3,937 puntos de entrega que establece el Gobierno del Estado al proveedor, ni el nombre de quien recibe las despensas, necesario para verificar que lleguen a quien realmente las necesita.

Ni se identifica plenamente quién es ‘El Operador’ que acude a la ubicación del beneficiario, si es personal del proveedor de las despensas, o si pertenece a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado o se trata de algún ‘operador’ político.

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