Al pronunciar esta tarde un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, aseveró que con determinación y libertad, “respetando siempre las normas que nos rigen”, la UNAM estudia las distintas alternativas, y las consecuencias, que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales.
Ante el Cuerpo Directivo de la Universidad y en transmisión abierta, el rector dijo que la UNAM es el sitio donde debe prevalecer siempre la cultura de la legalidad, y anticipó que no actuará de manera apresurada ni irresponsable ante presiones externas para hacer juicios sumarios.
A continuación el texto íntegro del mensaje:
Universitarias y universitarios:
Les agradezco a quienes están aquí —y a quienes nos acompañan a distancia–, estar presentes y poder aclarar, ante ustedes y ante la sociedad, algunas dudas, inquietudes y pasos a seguir sobre el doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria, de los medios y del público en general.
Todas y todos conocen el Dictamen Técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón —publicado el 11 de enero de este año—, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987, como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna de esa entidad académica, Yasmín Esquivel Mossa.
La falta de integridad académica que representa lo anterior no solo es inadmisible, sino que ha lastimado severamente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes, académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito.
El plagio de una tesis no es cosa menor; es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico.
Por eso, al conocer del dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité, en mi calidad de Rector, la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General, a fin de saber si la normatividad universitaria vigente permite retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos.
La opinión fue que la Universidad Nacional y sus autoridades carecen de facultades legales para ello.
Con esta opinión coincidieron las personas titulares de las Direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas.
Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado.
Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y de opiniones, dentro y fuera de la Universidad. Algunas son coincidentes y otras difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad.
En la Universidad Nacional siempre se ha fomentado la discusión de las ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas. Es el lugar donde las y los universitarios nos expresamos libremente y de manera plural, vehemente y respetuosa.
Pero también es el sitio donde debe prevalecer, en todo momento, la cultura de la legalidad y de la verdad.
Es sobre ellas en donde debemos construir lo que nos permita prevenir y sancionar, con certidumbre, la violación de los valores universitarios, contenidos en el código de ética de nuestra casa de estudios.
Quiero informarles que en este sentido, en las dos semanas desde el regreso a nuestras actividades, se han dado ya los primeros pasos:
1. El colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Posgrado aprobaron que todas las tesis escritas, antes de pasar a los sínodos y jurados, deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos.
Para este fin, se han puesto a disposición ciento cincuenta licencias.
2. La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad.
3. La FES Aragón de la Universidad Nacional ha rescindido el contrato de la maestra que fungió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón.
4. Asimismo, se ha continuado el rastreo de la plataforma TESIUNAM para determinar si existen más casos como los ya mencionados, conocer su dimensión y, de ser el caso, actuar en consecuencia.
Comprendo que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda quedar impune y solo con el desprestigio profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado.
Es por ello que debemos ser sensibles, reflexionar y dar cauce adecuado a las expresiones y propuestas que surgen de la comunidad.
La Rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad.
Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos.
Actúo —y así lo seguiré haciendo— en el marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo ir más allá de lo que la normativa nos permite.
Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios, están en entredicho; pero no por eso actuaremos en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios.
En breve estaré convocando al Comité Universitario de Ética que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y documentación del que se allegó el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho.
Con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente estamos estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales.
Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo.
Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son motivo de nuestro lema:
“Por mi raza hablará el espíritu”