Ante la creciente ola de contagios de Covid-19 que ha traído como consecuencia el incremento en la demanda de productos sanitarios para la prevención de esta enfermedad como cubrebocas, gel antibacterial, desinfectantes, etcétera, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor implementar operativos de verificación y vigilancia para inhibir prácticas abusivas en la venta de estos productos.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) también pidió a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), fortalecer la vigilancia en laboratorios y distribuidores a fin de evitar el mercado ilegal de medicamentos y pruebas para el Covid-19.
Asimismo, pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hacer un llamado a los empresarios, empleadores y patrones a ser más empáticos con su personal enfermo y vigilar que se respeten los derechos laborales de las y los trabajadores.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, Geovanna Bañuelos destaca que de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, el alza de contagios diarios durante el mes de enero, ha tenido como consecuencia el incremento en la demanda de material de salud empleado para la protección del virus.
La senadora por Zacatecas destacó que la nueva ola de contagios por coronavirus ha resultado en una oportunidad de negocio para el mercado ilegal de pruebas, medicamentos y certificados falsos y en lugares como Tepito su precio se ha duplicado, pasando de 70 pesos en 2021 a 180 pesos a inicio del año.
Por ello, aseveró la legisladora, es fundamental que las dependencias del gobierno federal encargadas del sector salud, coordinen acciones con las autoridades de seguridad pública con el objetivo de combatir el mercado negro de medicamentos y pruebas para el Covid-19 que se venden de manera ilegal.
Ante esta situación, explicó Geovanna Bañuelos, las personas trabajadoras se encontraron con dos grandes problemáticas: por un lado, la escasez de pruebas de detección y por otro, la poca sensibilidad de los patrones, que pese a contar con el caso positivo o síntomas, seguían exigiendo la presencia en los trabajadores en los centros laborales.