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Tras la aprobación de la reforma a la Constitución de Baja California para permitir la ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitió un comunicado al respecto.
Estephany Santiago Fernández, dirigente nacional perredista, declaró que es ‘lamentable e inadmisible’ la manera en que se realizó la sesión extraordinaria de los legisladores sudcalifornianos, ya que se reunieron a puerta cerrada y en una sede alterna al Congreso.
De acuerdo con la líder del PRD, avalar la reforma representó una ‘grave violación a la Ley y a la Constitución’ y se están dando atribuciones a los legisladores locales para ‘consumar intereses personales’, distintos por los que fueron electos.
De acuerdo con Santiago Fernández, la ampliación de mandato no beneficia a la ciudadanía, quien el pasado 2 de junio votó en las urnas por un lapso de dos años de gubernatura y no de cinco.
Hoy quienes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución del estado, con albazo avalan un grave atropello a la democracia” [sic].
Para la dirigente del PRD, fue una determinación unipersonal que tiene nombre y apellido como dedicatoria.
Estephany pidió a los congresistas que no engañen a los sudcalifornianos, argumentando que esta modificación es para el bien de la ciudadanía ya que, como detalló la perredista, es una reforma ‘arbitraria e ilegal’ que no garantiza un orden constitucional ni respeto al Pacto Federal.
Esto después de que recordara que el PRD estuvo de acuerdo con la propuesta de eliminar los poderes del estado en Baja California, además de que avaló que se interpusiera un juicio político contra los diputados locales que apoyan la denominada Ley Bonilla.
Santiago Fernández apuntó que en días pasados el excandidato a la gubernatura de Baja California por su partido y líderes nacionales perredistas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos sobornos que recibieron los diputados del estado para aprobar la ampliación de mandato.
En el PRD no nos vamos a quedar cruzados de brazos y no permitiremos que se consume este agandalle que a todas luces se pretende sea la antesala de la extensión de mandatos en otras entidades y en otros niveles de gobierno, es una clara señal de autoritarismo. El Poder Ejecutivo y funcionarios federales al mantenerse al margen y respetuosos de esta violación a la Constitución se convierten en cómplices” [sic].
Estephany agregó que el PRD acompañará las denuncias ciudadanas que se presenten como inconformidades a la nueva reforma a la Constitución de Baja California y aseguró que tiene confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional el dictamen.
Con información de Comunicado de prensa PRD
Fotografía: Mi Morelia y El Mexicano