Por David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 8 de mayo de 2018.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que el proceso electoral que vive México genera violencia política y discursos de odio, lo que ha generado que la sociedad se divida y se confronte.
Durante su informe anual de actividades 2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ombudsman comentó que es necesario dejar atrás las descalificaciones y divisiones, por lo que pidió que se descarten este tipo de acciones.
Insistió a todos los aspirantes tanto presidenciales, presidencias municipales, congresos locales y gubernaturas estatales evitan cualquier tipo de violencia.
“México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad, respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
Sólo las normas y las instituciones que las materializan pueden rescatar y fortalecer la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas ante cualquier entorno que las amenace, la construcción del desarrollo y el bien común al que aspiramos no se logrará fomentando el odio, la intolerancia o la exclusión”.
González Pérez comentó que los ciudadanos cada vez confían menos en las instituciones públicas y esto se agudizó en el proceso electoral marcado por la impunidad y la violencia, incluso contra políticos.
Derivado de las recomendaciones que emitió la CNDH, ésta presentó en ocho años y cuatro meses 592 denuncias penales contra servidores públicos, pero sólo 21.4 por ciento se han concluido.
De enero de 2010 a abril de 2018 se presentaron 592 denuncias en contra de funcionarios locales y federales, de las cuales 127 ya se concluyeron y 465 permanecen en trámite.
En el caso de denuncias en materia administrativa, dijo González Pérez, de enero de 2013 a abril de 218, la CNDH presentó 471, de las cuales 235 ya fueron concluidas y se determinó la sanción de 296 servidores públicos.
La Comisión Nacional de Seguridad lidera con servidores públicos sancionados con 50, seguido del Instituto Nacional de Migración, con 32.