H. CECILIA HDEZ. DELGADILLO
CDMX. 20 de marzo de 2018.- A fin de evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines electorales en las elecciones del próximo 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Conferencia Nacional de gobernadores y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR firmarán un acuerdo de civilidad.
En ACUSTIK NOTICIAS, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana adelantó el objetivo del mismo.
“Primero en no utilización de recursos públicos para fines político-electorales. Segundo trabajar para evitar violencia política durante el proceso y tercero, hay un mensaje que creo que sería oportuno; bajar la estridencia, la violencia verbal, cuarto genera las condiciones para que el ciudadano conozca las propuestas de los candidatos y prácticamente generar un voto racional y quinto, el que más nos interesa es que exista una masiva participación el día primero de julio, y que los votos se cuente, y se cuenten bien”.
Santana Díaz, externó en este medio la preocupación que tienen en torno a la violencia política, por lo que trabajarán en un mensaje contundente en la defensa de los derechos del género femenino.
“A la par tenemos que mandar un mensaje de instituciones que estamos unidas, que tenemos un solo objetivo. Que el proceso electoral se desarrolle de una manera muy eficaz, y que los resultados sean inobjetables”.
El funcionario electoral, pidió aportar a la confianza y credibilidad del proceso, toda vez que se tiene un sistema electoral fuerte. Al tiempo que pidió a la sociedad denunciar irregularidades.
“En caso de que ellos observen anomalías, denunciarlas, creo que hay que ser llamado a la valentía y no participar en esas operaciones de compra del voto, de coacción, de clientelismo que traten de manchar el proceso. Todos tenemos que sumar a que este proceso se desarrolle con las mejores condiciones”.
Cuestionado en torno a las firmas apócrifas de algunos candidatos independientes, dijo que tienen la obligación, autoridades, de investigarlas y emitir un juicio de valor de acuerdo a la ley, debido a que se alteró el padrón electoral, y eso constituye un delito.