Por: Carlos Reyes
Acustik Noticias
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero de 2018.- El Secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que el nuevo marco legal surgido a partir de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), es un instrumento que hay que aprovechar en toda su dimensión para seguir haciendo lo que, hasta hoy, se ha hecho con mucho esfuerzo y mérito.
En el evento en el que se presentó oficialmente la citada reforma y se conmemoró el aniversario 42 de la Profeco, el funcionario federal agregó que, de la mano de los legisladores aún se tienen varios meses para seguir trabajando en esta agenda que ha sido tan productiva para mejorar la eficiencia y el trabajo del sector económico.
Agregó que el esfuerzo no termina con las modificaciones a la LFPC, en la aplicación de la reforma, como instrumento, pues se tiene tiempo hacia adelante para demostrar sus cambios y su efectividad.
“Frente a los cambios de los tiempos, ese objetivo, único y exclusivo de cuidar por el poder adquisitivo se potencializa en muchas dimensiones, probablemente podremos argumentar que muchas de ellas derivan al fin del día en ampliar nuestra capacidad de compra a través, no solo de cuidarnos en cuanto a precio, sino que también en la calidad de los servicios, y en ese sentido las evoluciones y transformaciones llevan a Profeco a enfrentar esos cambios vertiginosos en diferentes frentes” afirmó el titular de la SE.
Por su parte, el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, dijo que la Ley reformada es eco y consecuencia de las reformas estructurales, impulsadas en esta administración.
“No hablamos de reformas caprichosas, producto de ocurrencias coyunturales, todas ellas están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, puntualmente definidas en el eje 4 México Prospero y en el eje 5 México con Responsabilidad Global. Se requirieron 82 modificaciones a la Constitución de la República, así como adecuaciones a más de 110 Leyes secundarias y la emisión de 37 nuevas legislaciones” dijo.
Asimismo, afirmó que la protección al consumidor no contradice ni dificulta el desarrollo de una economía de mercado y, por el contrario, resulta indispensable para eliminar prácticas contrarias a la libre y justa competencia.