Ciro Murayama. 06-08-18.
Hoy el Instituto Nacional Electoral da un paso más, de los previstos expresamente en la Constitución y las leyes, para culminar con sus tareas fundamentales para hacer posible la renovación pacífica de los poderes públicos en el país a través de elecciones genuinas.
La historia de la democratización de México, desde el nacimiento del IFE en 1990, comprendió primero asegurar el respeto al voto. Para 1994 se reconoció el avance, tras las elecciones presidenciales de ese año, cuando a diferencia de 1988 los votos se contaron y contaron bien. Se dijo entonces, por el ganador de las elecciones, que los comicios de 1994 si bien fueron limpios, no fueron equitativos. De ahí que, en 1996, junto al surgimiento del IFE autónomo, se incluyera en la constitución y el código electoral un conjunto de disposiciones para buscar la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Hubo definiciones clave: financiamiento público preponderante, financiamiento privado con límites, prohibición de ciertas fuentes (dinero de empresas, dinero desconocido, dinero de gobiernos y poderes públicos) y una fiscalización permanente.
Hoy, en 2018, podemos celebrar que las elecciones fueron contundentemente limpias. Pero también, que fueron equitativas y que el dinero, un ingrediente presente en la vida de las sociedades y necesario en toda democracia, no se convirtió en un factor disruptivo. Quién ganó cargos de gobierno y de representación lo hizo por la fuerza del voto, no por la influencia del dinero. Y esa es una buena noticia para la democracia mexicana.
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No puede haber elecciones ejemplares si éstas no son competidas y si no hay un piso de equidad. Pues bien, la fiscalización del INE, con sus datos duros, muestran que las campañas fueron equitativas, hubo rendición de cuentas y hay control del grueso del origen y destino de los recursos involucrados.
Voy a los datos. Hay pronunciamiento en los 31 dictámenes, uno por las elecciones federales y 30 de las elecciones locales, sobre 17,699 candidatos. De ellos, solo dos no entregaron su informe final. A través del Sistema Integral de Fiscalización se recibieron 30,512 informes durante los tres periodos regulares de presentación y, ante observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, los sujetos obligados remitieron 27,051 informes más. En total se analizaron 57,563 informes. Obviamente ese trabajo se hizo, de forma ordenada y en tiempos muy reducidos, porque hubo dirección y conducción precisas de parte del titular de la Unidad y de sus directores, así como acompañamiento de la Comisión de Fiscalización.
Para tener una idea aproximada del universo de trabajo, baste decir que se cargaron al Sistema Integral de Fiscalización más de medio millón de pólizas, 593,513 para ser exactos. En ellas, hubo constancia de ingresos por 5,334.7 millones de pesos, y gastos por 5,192.6 millones. En total, el personal de auditoría revisó 10 mil 527 millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas.
La fiscalización permite conocer que de todos los ingresos de los candidatos a algún puesto de elección popular, el 88% provino del financiamiento público. 9 de cada 10 pesos gastados en las campañas son gracias al modelo que privilegia la equidad. Si hubo condiciones de la competencia adecuadas, y partidos y candidatos sin mayores recursos privados pudieron competir en posibilidades de hacerse con la victoria, es porque México no tiene un modelo de contienda basado en las grandes aportaciones de los grupos de poder económico. Esa es una buena noticia y algo que preservar: aunque el financiamiento público reciba descalificaciones, sustituirlo mayoritaria o solamente por el privado o, peor aún, por el financiamiento de origen desconocido y opaco puede ser peligroso.
¿Cómo sabemos que lo declarado por los partidos se acerca a la realidad? Porque lo revisamos a con todos los recursos a nuestro alcance. Los 600 monitoristas del INE, dos por distrito, recorrieron todos los días calles, colonias, carreteras del país. Y tomaron fotografías y referenciaron con precisión 105,520 testigos de propaganda en vía pública, que a su vez se cruzaron con lo que declararon los candidatos.
Además, de gastos en portales, en internet y en redes sociales se obtuvieron 15,273 razones y constancias. También se registraron 6,999 testigos en medios impresos.
Nuestros compañeros y compañeras levantaron 11,188 actas de visitas de verificación en actos y casas de campaña. Los partidos y candidatos sabían que el INE los monitoreaba, los fiscalizaba, incluso, que los incomodaba. Ese es en efecto nuestro trabajo para que rindan cuentas como en efecto ocurrió.
Gracias a la labor de recabar información propia, se detectaron 184.1 millones de pesos de gasto que no fueron reportados. Siendo así, el gasto no reportado representa el 3.54% del gasto del que sí se rindió cuentas. Es una mejoría considerable frente a otros procesos, como el de 2017, donde los gastos no reportados fueron del 30% del total.
En esta fiscalización se comprobó que cinco candidatos a un puesto de elección popular rebasaron los topes de gasto de campaña. Y, paradójicamente, ninguno resultó ganador en las urnas. De nuevo una lección que vale la pena aquilatar: gastar más no se traduce en más votos. Y el mensaje se ha entendido: presenciamos las campañas de menor contaminación visual en las ciudades y poblaciones del país. Ojalá esa sea la ruta a seguir: saturar de publicidad no es comunicar mejor; para persuadir hay que convencer, no que derrochar.
Y cuando encontramos faltas en las obligaciones de los partidos, como gasto no reportado, no comprobado, ingreso de origen no acreditado, mal prorrateo, siempre sancionamos. En total, y ya habiendo hecho una revisión de las resoluciones con observaciones de los sujetos obligados que llegaron a detectar inconsistencias o errores en nuestras cifras, hemos hecho una nueva revisión, falta por falta y monto por monto, y se identifican sanciones por 296 millones, 451 mil 281 pesos a nivel federal. Y por 576 millones, 208 mil 802 pesos a nivel local. En total, son sanciones por 872.6 millones de pesos. Es decir, las sanciones representan el 8% del dinero involucrado en las campañas.
Por sujeto obligado, las sanciones se distribuyen así: 89 millones de pesos al PAN; 186 millones al PRI; 66.9 millones al PRD; 107 millones al PVEM; 100 millones al PT; 36.7 millones a Movimiento Ciudadano; 28.4 millones a Nueva Alianza; 139.5 millones a Morena; 74.4 millones a Encuentro Social y 44.2 millones a partidos locales.
El propósito de la fiscalización es asegurar la legalidad en el uso del dinero en las campañas y disminuir el riesgo de que recursos de origen ilegal o el uso desproporcionado de los mismos pueda lesionar la contienda. Hoy, más allá de las faltas, omisiones e inconsistencias que dan lugar a las sanciones, hay que decir que México vivió en 2018 un proceso electoral que no puede sino calificarse de democrático: es el voto, no el dinero, lo que define las elecciones.
Doy las gracias al cuerpo directivo de la UTF y a todo su personal.