SHCP, obligada a garantizar recursos al INE para cumplir con consulta de revocación de mandato: Héctor Saúl Téllez
La reducción al presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto, las demandas penales contra consejeros electorales, las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y ahora la injerencia del Gobierno Federal para presentar un “plan de austeridad”, viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral y busca debilitarlo, afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).
A través de un comunicado, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, recordó que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que impactó negativamente en la organización de la consulta ciudadana de revocación de mandato; esto, sin debatir o analizar las reservas que el PAN presentó al respecto en su momento.
Dijo que cuando el Consejo General del INE determinó que con los recursos existentes no se puede realizar de manera correcta y eficaz dicha consulta, determinó suspender los trabajos de organización mientras el Tribunal Electoral emitía una resolución que presentó el propio Instituto para allegarse de más recursos.
Recordó que el artículo 41 fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene la función de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta función se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Por otro lado, abundó, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 29 establece respecto a la autonomía del INE, su relación del Instituto con el Poder Legislativo y los partidos políticos, así como su autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.
Agregó que el “plan de austeridad” se elaboró sin tener conocimiento de la operatividad del INE y vulnera derechos laborales ya adquiridos, los cuales no deberían de ser objeto de análisis y reducción.
Sostuvo que como lo mencionaron los consejeros del INE se propone reducir mil 336 plazas directivas; pero en el instituto sólo cuenta con 121 dentro de esas categorías. Lo más grave es que plantean tomar recursos del Fideicomiso creado para los pasivos laborales del INE, es decir, para beneficio de los trabajadores.