Como parte de los compromisos adquiridos en campaña, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa para la creación del Fondo Nacional Banco del Agua, un mecanismo financiero que permitirá garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico en el país.
Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de mejorar la gestión del agua en México, en un contexto donde el cambio climático ha intensificado la crisis hídrica, afectando a comunidades vulnerables, sectores productivos y el equilibrio ambiental.
El acceso al agua en México se ha vuelto un desafío cada vez mayor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, y más del 80% de las enfermedades en regiones en desarrollo están vinculadas con la falta de saneamiento y calidad del agua.
En el país, el crecimiento poblacional, la sobreexplotación de mantos acuíferos y las sequías prolongadas han generado un déficit alarmante del recurso, afectando principalmente a las zonas norte y centro, donde comunidades enteras enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas de consumo, agricultura e industria.
La iniciativa busca establecer un fondo que permita la financiación de infraestructura hidráulica, tratamiento y reutilización del agua, así como la protección de cuencas y presas para garantizar el acceso y disponibilidad del recurso a largo plazo.
Entre las principales acciones que contempla el Fondo Nacional Banco del Agua se encuentran:
*Construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica.
*Conservación y mantenimiento de cuencas, bordos y presas.
*Tratamiento y reutilización del agua para optimizar su uso.
*Prevención de inundaciones y recarga de mantos acuíferos.
El Fondo operará bajo un esquema de financiamiento en el que los organismos operadores del agua aportarán $1.00 MXN por cada metro cúbico de consumo, con una aportación similar del Gobierno Federal.
La creación de este fondo responde a la necesidad de adoptar medidas estratégicas y sustentables en la administración del agua, alejándose de soluciones temporales y apostando por una planificación de largo plazo.
El siguiente paso será la discusión y aprobación de la iniciativa en el Congreso, tras lo cual se establecerán las reglas de operación en un plazo máximo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta acción, se refuerza el compromiso con el medio ambiente, la justicia hídrica y el bienestar de las generaciones futuras, consolidando una política pública que permitirá enfrentar con mayor solidez los desafíos del cambio climático y la crisis del agua en México.