Ante el constante incremento de asaltos en vías de comunicación en Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de seguridad de Coahuila y Zacatecas, reforzar los operativos de seguridad en la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo.
Mediante un punto de acuerdo la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), también pide a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinar acciones de seguridad y vigilancia específicas en las zonas de explotación minera, con el propósito de garantizar la protección de los trabajadores y las instalaciones de dicho sector estratégico.
Así como establecer puntos de control permanentes en los accesos a las principales minas de la región, con el fin de prevenir actos delictivos y mejorar la seguridad en la zona.
Asimismo, llama a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar mecanismos que certifiquen la procedencia legal de los recursos minerales y sus derivados metalúrgicos destinados a la exportación.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la senadora Geovanna Bañuelos destaca que en fechas recientes el robo de minerales se ha incrementado debido a que el crimen organizado en México lo ha encontrado como una fuente lucrativa de ingresos, ya que estos materiales pueden ser revendidos en el mercado negro.
Además, de que las rutas de transporte minero a menudo atraviesan zonas remotas, lo que facilita la operación de grupos criminales sin una intervención rápida de las autoridades.
“A esto se suma la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las corporaciones de seguridad privada, lo que limita la capacidad de respuesta en caso de robo”, apunta.
Geovanna Bañuelos informa que de acuerdo con datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la inseguridad en la industria minera en México es alarmante. Hasta 2015, se estimaba que la industria perdía hasta el 20% de su producción anual debido a diversos tipos de robos, lo que representa aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares al año.
“El robo de tractocamiones que transportan mineral concentrado se ha convertido en una problemática creciente en México, afectando de manera profunda tanto a la industria minera como a la economía nacional”, refiere la legisladora por Zacatecas.
Geovanna Bañuelos informa que el robo de cargamentos de oro y plata a compañías mineras es utilizado como una forma de transacción entre cárteles mexicanos, con otras organizaciones transnacionales y como un método para limpiar el dinero que obtienen del trasiego de enervantes.
En abril de 2015, un comando armado robó 7 mil onzas de oro de la mina El Gallo 1 en Mocorito, Sinaloa, operada por la empresa McEven Mining; en febrero de 2019, la empresa minera de capital canadiense Telson Mining Corp denunció un complejo esquema de robo de zinc y concentrados de plomo de la mina Campo Morado en el estado de Guerrero, en el cual estaban involucrados algunos choferes de camiones.
Y en el caso más reciente, en el estado de Zacatecas, el 31 de octubre de 2024, se registró uno de los mayores robos de mineral concentrado en el país, sobre la carretera federal 54 a la altura de la comunidad de San Tiburcio en Mazapil.
“En el incidente, sujetos armados interceptaron al equipo de seguridad privada y los conductores de seis tractocamiones cargados con mineral concentrado extraído de la mina Peñasquito, propiedad de la trasnacional estadounidense Newmont, estos seis contenedores transportaban aproximadamente 200 toneladas de concentrados de oro, plata, zinc y plomo”, detalla en el documento.
La líder parlamentaria subraya que estos actos delictivos no solo representan una pérdida financiera significativa, sino que también generan violencia, desplazamiento forzado y destrucción del medio ambiente; entre 2008 y 2012, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó 7 averiguaciones previas por robo de cargamentos a mineras en Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas.
Geovanna Bañuelos señala que a nivel social, el aumento de la inseguridad en las rutas de transporte afecta de manera directa a los conductores y a sus familias, quienes están expuestos a situaciones de alto riesgo en el desempeño de su trabajo. Además, la falta de seguridad puede desalentar la inversión en ciertas regiones del país, limitando las oportunidades de desarrollo económico en zonas donde la minería es una actividad clave.