La Senadora Verónica Díaz Robles afirmó que la reforma constitucional en materia de Bienestar implica una verdadera inclusión y son acciones concretas que cambian vidas.
“En Morena creemos firmemente en los principios del Humanismo Mexicano y en que la verdadera democracia significa el poder del pueblo, por eso, reconocemos que el Estado debe protegerlo y empoderarlo”.
Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, en relación al decreto que reforman y adicionan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Díaz Robles enfatizó que por primera vez, las personas son el centro de una política “que tiene como única ambición cambiar la vida de las mexicanas y mexicanos”.
“Este es el cambio que prometimos y que estamos cumpliendo: un país en el que la prosperidad se construye desde abajo, con el trabajo de todas y todos”, añadió.
Díaz Robles dijo ante el pleno del Senado de la República que tras muchos años de lucha, los derechos sociales ya no son palabras en papel ni letra muerta, ya que se han convertido en una realidad tangible para todas y todos.
Luego de calificarse como una Servidora de la Nación, la legisladora zacatecana recordó que en 2020, a pesar del voto en contra de las diputadas y diputados del PAN, se incorporó a la Constitución las Pensiones para el Bienestar y las becas, “restituyendo el carácter social que emanó de la Revolución Mexicana”.
Con la reforma constitucional -añadió- ya nadie podrá quitarle al pueblo los derechos que ha conquistado.
Puntualizó que programas como Sembrando Vida, producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía se elevarán a rango constitucional para que “nada ni nadie pueda arrebatárselos al pueblo de México”.
Apuntó que estos recursos llegarán de manera directa y sin intermediarios al pueblo y “nadie se aprovechará de la necesidad de los más humildes, como lo hacian los gobiernos neoliberales con los programas que ellos llamaban focalizados”.
“Han sido años de esfuerzo, de la lucha de muchas generaciones para crear un verdadero Estado de Bienestar (…) Así, comenzamos a saldar la deuda histórica con un sector que, por décadas, fue invisibilizado al modelo neoliberal”.
Criticó a la oposición, quien en diversas ocasiones ha dicho que estas reformas serán una carga presupuestal.
“Eso jamás les preocupó cuando crearon el FOBAPROA, el símbolo de su corrupción; hace 3 décadas, le impusieron al pueblo de México una deuda de 550 mil millones de pesos para salvar a unos pocos que hicieron negocios sucios al amparo del poder”.
Destacó que el país va en la ruta correcta para seguir avanzando en la transformación de México luego de que 35 millones de personas refrendaron su confianza el pasado 2 de junio.
Entre los beneficios que plantea el dictamen se establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada.
Además, la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años; asimismo todas las personas mayores de 65 tendrán derecho a una pensión de adultos mayores.
Asimismo, la reforma constitucional advierte que el Estado Mexicano garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.
Para ello, se destinarán anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad; el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
En tanto, el dictamen advierte que el Estado garantizará un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.
Además, el proyecto establece que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.