Iniciativa de reforma en materia de pensiones busca dignificar y reconocer a las y los trabajadores

Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló durante la conferencia matutina la iniciativa de reforma en materia de pensiones, que forma parte del paquete que presentó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, y busca dignificar a los trabajadores y revertir reformas anteriores que dañaron a la clase trabajadora en México, específicamente las de 1997 y 2007.

Explicó que el resultado fue que cientos de miles de personas trabajadoras quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión, además de que, al pasar los recursos a cuentas individuales, los rendimientos proporcionan porcentajes muy bajos del salario.

Por ello —indicó— en 2020 el presidente López Obrador presentó una reforma que, tras ser aprobada, tuvo efectos muy importantes: primero, disminuir las semanas de cotización de mil 250 a 750; segundo, incrementar las aportaciones por parte de empleadores; tercero, poner un límite a las afores por el cobro elevado de comisiones y cuarto, establecer una pensión garantizada por parte del gobierno para quienes ganaban un salario mínimo en ese año.

“Estos cambios tuvieron efectos importantes, por ejemplo, de los que se pensionaron de 2021 a 2023, el 93 por ciento se pudo pensionar gracias a que se bajaron los requisitos. De no haber hecho esta reforma en 2020, hubieran quedado excluidos de este derecho. Y también ha impactado, y la proyección es precisamente que, de 27 por ciento de la ley del 97, con todos estos cambios, ahora se percibirá el 64 por ciento del salario de los trabajadores.  Como pueden ver, fue importante, pero todavía no es suficiente.”

De ahí, abundó, surge la propuesta de reforma incluida en el paquete de iniciativas este 2024, a fin de que las y los trabajadores puedan irse con el 100 por ciento de su último salario.

“Es decir, contar con un complemento, un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social; estamos hablando de 16 mil 777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100 por ciento de su salario.”

Se plantea que el financiamiento para este fondo de pensiones para el bienestar provenga de diversas fuentes:

• Recursos de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
• A través de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
• La venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
• Cobro de adeudos de entidades públicas con IMSS, Issste y Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, que hoy poseen las afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas.

La secretaria de Gobernación precisó que ello significa un capital semilla de 64 mil millones de pesos, a la par de que también prevé recursos complementarios, entre ellos, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la impugnación en torno a liberar recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), equivalentes a 15 mil mdp.

Además de los ahorros de la extinción de organismos autónomos, que es otra de las reformas que incluye este paquete de iniciativas que se presentó el pasado 5 de febrero, así como la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que se irán obteniendo con el tiempo y 25 por ciento de las utilidades que generen las empresas paraestatales de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

La iniciativa en materia de pensiones plantea que sea aplicable a todas las personas que:
• Tengan 65 años.
• Cumplan los requisitos para tener una pensión.
• Se pensionen cuando haya sido aprobada la reforma y una vez creado el fondo de pensiones para el bienestar.

Se trata de dos grupos; principalmente, las personas que fueron afectadas por la ley de 1997, es decir, que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 1° de julio de ese año, así como las y los trabajadores al servicio del Estado que tengan una cuenta individual.