En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace un respetuoso exhorto a los diversos poderes que conforman al Estado mexicano, así como a instituciones de salud mental del país, a fin de crear las condiciones óptimas para el tratamiento y la atención de las personas que viven con alguna discapacidad psicosocial para evitar actos de violencia en su contra y, por el contrario, lograr su plena integración a la vida social del país, con absoluto respeto de su autonomía, mediante la creación de políticas públicas que ayuden a su desarrollo personal, familiar y profesional, resguardando en todo momento su dignidad y el pleno respeto de sus derechos humanos.
La CNDH se suma al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud para que el Día Mundial de la Salud Mental 2023 sea la celebración de la salud mental como un derecho humano universal, una oportunidad de asumir el compromiso global de crear conciencia, a fin de que todas las personas en nuestro país y en todo el mundo tengan derecho a vivir con dignidad, equidad, igualdad y respeto; muy especialmente, quienes viven con enfermedades mentales temporales o permanentes, sobre todo cuando dichos organismos han identificado que en la Región de las Américas continúan persistiendo el estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos hacia estas poblaciones, traducidas en la falta de acceso efectivo a servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos de calidad, y son sometidas a prácticas coercitivas, a tratos inhumanos, y en algunos casos a abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas .
De acuerdo con datos de 2021 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México, cerca de 25 millones de personas, es decir 18 % de la población, presenta algún trastorno mental que, muchas veces, ni siquiera saben que lo padecen . Y si bien hemos tenido avances, como la reforma a la Ley General de Salud, que establece las bases mínimas para que la atención de la salud mental y la prevención de las adicciones sean ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas del sector, es un hecho que contingencias como la pandemia derivada del COVID-19, la condición sísmica de algunas ciudades del país, la inseguridad y la violencia, contribuyen a recrudecer los problemas derivados de los trastornos mentales, por lo que se hace necesario unir esfuerzos, a fin de entablar acciones que sumen al sector público y privado, y a toda la sociedad, para contener y disminuir los padecimientos que causan las enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión.
La CNDH, a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en conjunto con los organismos públicos de derechos humanos de los estados, enfrentan el reto de visibilizar la problemática, ofrecer propuestas de solución y coadyuvar a mejorar las condiciones en que se encuentran las personas que viven con alguna discapacidad psicosocial y en particular aquellas que se encuentran en condiciones de internamiento, con la finalidad de observar y garantizar el pleno respeto a su integridad personal, así como aportar iniciativas que fortalezcan políticas públicas que consideren su reincorporación a la vida social y productiva.
La razón de implementar acciones necesarias para incidir en la inclusión sociolaboral es que a nivel nacional ha sido poco estudiada la relación que tienen las poblaciones vulnerables con el empleo. Por tanto, es urgente generar acciones efectivas que promuevan la salud mental de nuestra sociedad; así como orientar las reformas legislativas y las políticas públicas hacia un enfoque de protección a la salud mental, que cuente con una capacitación adecuada para los profesionales de la salud, el conocimiento informado de los tratamientos, su correcto diagnóstico y la apropiada difusión, además de la eliminación de la discriminación y estigmas relacionadas con las personas con discapacidad psicosocial y promoviendo la importancia de atender la salud mental de todas las personas.
Los trastornos mentales no hacen excepciones de género, edad o nivel socioeconómico. Por su indiscriminada afectación, son una prioridad de la salud pública del país, pues cualquiera de nosotros somos vulnerables.
En relación con esta población específica, en México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, había 7 millones 168 mil 178 personas con discapacidad, y no puede dejar de considerarse que los gastos realizados en la atención de salud de una persona con discapacidad afectan de forma negativa al bienestar del hogar, por la carga económica que conlleva y porque son pocas las oportunidades que tienen de formación educativa y laborales, lo que impacta en los ingresos económicos que puedan tener. Se suma a que son pocos lugares de trabajo que estén adaptados y que sean accesibles.
De acuerdo con el segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, con datos de 2020, la prevalencia de trastornos mentales y adicciones es de 33.9% en el caso de trastornos leves; 40.5% en casos moderados y 25.7% en casos de trastornos graves o severos.
Los trastornos más frecuentes son la depresión, presente en el 5.3% de la población, seguido de trastorno por consumo de alcohol con el 3.3%, y trastorno obsesivo compulsivo con un 2.5%. Sobre la desagregación, el diagnóstico indica que “en relación con la brecha de atención o tratamiento, en promedio el 81.4% de las personas no reciben la atención apropiada; por tipo, las personas con trastorno de ansiedad presentan la mayor brecha con 85.9%, seguido de 83.7% en fobia social, 76.6% abuso de alcohol, 73.9% depresión, 73.6% trastorno maniaco y con menor brecha, 70.1% por trastorno de pánico.
Por su parte, la OMS ha identificado a la depresión como un trastorno que incide en las actividades diarias de las personas, tales como laborales, educativas, socioafectivas, familiares y que, en el peor de los casos, ocasiona el suicidio. En ese sentido, explica al suicidio como un problema multifactorial, que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. No obstante, apunta que la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión, abuso de sustancias, así como de quienes han intentado suicidarse, permite la reducción de las tasas de suicidio . En México, de acuerdo con datos brindados por el INEGI, las muertes por suicidios han aumentado: en 2017, la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes (6 mil 494); y para 2022 fue de 6.3 (8 mil 123). Esto equivale a mil 629 suicidios más en 2022 respecto de los ocurridos en 2017 .
Para la Comisión Nacional es importante trabajar también en el ámbito penitenciario, pues los suicidios ocurridos en cárceles de nuestro país son una constante y deben atenderse las causas; de lo que va del periodo del año 2020 a la fecha, este organismo autónomo ha emitido 10 Recomendaciones al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social al observar la falta de una debida diligencia, detección y atención oportuna ante conductas de riesgo suicida, y ante la falta de un deber reforzado para proteger al máximo la vida de quienes atentaron contra ella. Además de contar con diversas quejas en trámite, sobre conductas suicidas ocurridas en meses recientes, principalmente de mujeres en privación de libertad.
Asimismo, esta Comisión Nacional a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año 2022, en el apartado de información estadística, dio a conocer una tendencia al alza en la comisión de suicidios en Centros Federales de Readaptación Social en comparación con años anteriores, informando las autoridades penitenciarias haber registrado durante ese año, un total de 16 suicidios y haber identificado a 152 personas con posibles factores de riesgo suicida; en tanto que, en centros penitenciarios estatales se hizo del conocimiento de un total de 84 suicidios y la identificación de 815 personas con posibles factores de riesgo suicida. Ante ello, la CNDH ha urgido para que se realicen diligentemente análisis diferenciados y con perspectiva de género, que identifiquen y reconozcan los efectos que genera la privación de la libertad a dichas personas en relación con el índice de suicidios registrados, principalmente por lo que hace a los grupos de atención prioritaria dentro de las cárceles.
De acuerdo con la OMS, para 2030 la depresión será la primera causa de discapacidad a nivel internacional. Actualmente se encuentra solo por debajo del dolor de espalda y cuello, y de la diabetes. Pero, aun así, en conjunto los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad de forma mundial: depresión, ansiedad y trastorno por consumo de alcohol.
El 10 de octubre de cada año se celebra el “Día Mundial de la Salud Mental”, una fecha que nos invita a reflexionar y hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental, pero aún más importante nos obliga a realizar acciones que promuevan que la protección mental en nuestro país sea accesible para todas y todos.