LA POLÍTICA DE COBRANZA SOCIAL DEL INFONAVIT GENERA MAYOR VOLUNTAD DE PAGO
En lo que va de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reporta un promedio de ingresos por 2 mil millones de pesos mensuales derivados de los pagos que las personas acreditadas realizan de manera directa sobre sus créditos de vivienda.
Gracias a la implementación de la nueva política de Cobranza Social, las y los acreditados que no cuentan actualmente con una relación laboral formal, y que efectúan el pago de sus créditos a través de una institución bancaria, muestran más confianza y voluntad para hacer sus pagos, ya que tienen mayor seguridad sobre su patrimonio.
Durante el 2021, el promedio de pagos directos fue de 1 mil 984 millones de pesos mensuales, cifra superior a los 1 mil 668 millones de pesos mensuales que se recibían en 2019 y superior a los 1 mil 200 millones de pesos mensuales que se obtuvieron en promedio en el periodo de 2013 a 2017, cuando aún no se implementaba la Política de Cobranza Social. Con la nueva política, por cada peso invertido en cobranza se recuperan 47 pesos en pagos.
En lo que va de la presente administración, se han otorgado 3.3 millones de soluciones de pago a las y los acreditados con dificultades para pagar por la pérdida de relación laboral o disminución en sus ingresos, como son prórrogas, fondos de protección de pagos, reestructuras, apoyos por Covid-19 y descuentos por liquidación anticipada, entre otros.
Adicionalmente, se implementó el programa Responsabilidad Compartida, con el que los créditos que se otorgaron en Veces Salario Minimo se cambian a pesos, y en algunos casos obtienen descuentos importantes al saldo. Con este programa, implementado desde el 2019, ya se han beneficiado a 340 mil familias con descuentos acumulados por 63 mil millones de pesos.
Cabe destacar que el Infonavit es una institución de seguridad social que otorga créditos para vivienda a las y los trabajadores, sin importar el nivel de sus ingresos, por lo que atiende a un sector de la población que no es susceptible de obtener financiamiento a través de las instituciones bancarias.