En el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratifica el compromiso con las víctimas de desaparición y sus familiares, así como de instrumentar políticas públicas y medidas para su prevención, erradicación, investigación y sanción, a fin de que la afectación de los derechos humanos no quede impune.
México enfrenta una aguda crisis de desaparición forzada. Hasta la fecha se han registrado más de 100 mil personas desaparecidas, sin embargo, se estimas que estas cifras podrían ser mayores.
Desde 1951, la desaparición forzada se convirtió en una práctica recurrente dentro de las estrategias de Violencia Política del Estado mexicano para exterminar los proyectos políticos de los movimientos de inconformidad social. Durante las siguientes décadas, pero sobre todo en el periodo denominado como “Guerra Sucia”, la desaparición forzada se fue perfeccionando hasta volverse sistemática.
El empleo de la desaparición forzada en contra de opositores políticos implicó la construcción de un entramado institucional donde participaron de manera coordinada los tres niveles de gobierno y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, la totalidad del aparato Estatal con la participación de poderes fácticos como los medios de comunicación, el sector privado e incluso las universidades.
La desaparición forzada implica una serie de graves violaciones a los derechos humanos entre las que se encuentran la detención arbitraria, la tortura física y psicológica, los tratos crueles e inhumanos, perpetrados por agentes del Estado o con la aquiescencia de las autoridades. En su faceta como delito, la desaparición forzada no prescribe, ya que no hay una certeza jurídica de la persona desaparecida, lo que también constituye una tortura psicológica para la familia de la víctima al desconocer el paradero de esta.
Históricamente la lucha por la presentación de las personas desaparecidas y el castigo a las culpables se ha emprendido por colectivos de familiares, especialmente las madres y esposas. Desde este espacio han contribuido para la elaboración de nuevas leyes y mecanismos que promuevan y defiendan los derechos humanos, así como para la sanción de los responsables.
Actualmente la desaparición forzada se ha multiplicado y masificado, ahora sus finalidades responden a una variedad de intereses económicos, políticos y sociales. Con la constante aquiescencia del Estado, los perpetradores y ejecutores de esta práctica también se han diversificado y complejizado. En el país, este fenómeno ha ido en franco aumento desde el año 2006, tras la declaración de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que disparó exponencialmente el número de personas desaparecidas.
Una de las causas que han posibilitado que la crisis de desaparición forzada impacte a la sociedad mexicana es la impunidad que ha revestido esta grave violación y delito de lesa humanidad.
Ante ello, la CNDH reitera la necesidad de reforzar las acciones para consolidar las medidas determinadas por el Órgano de Control de Convencionalidad Concentrado, previsto en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, así como que cada asunto de desaparición debe ser investigado de manera exhaustiva y pertinente, con diligencias tendentes a la localización de la persona agraviada, y de todas aquellas que conlleven a acreditar la responsabilidad de las personas responsables en su desaparición.