Ante los continuos ataques que sufren familiares de víctimas de desaparición y activistas defensores de derechos humanos, la senadora Geovanna Bañuelos solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas en las 32 entidades federativas implementar las medidas necesarias que garanticen su protección y salvaguarden su vida.
El caso más reciente ocurrió en Zacatecas, donde asesinaron brutalmente a José Nicanor Araiza, un padre convertido en activista que buscaba a su hijo desaparecido por la delincuencia organizada.
De acuerdo con diversos medios locales, el activista de 51 años fue extraído de su domicilio el 22 de julio pasado, localizado en el municipio de Villa de Cos, fecha en la que fue declarado como desaparecido.
Dicha desaparición forzada recibió condenas por parte del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas, el cual exigió a las autoridades la inmediata búsqueda del activista.
No obstante, éste no es el único caso en el estado, se suman la localización de una gran cantidad de fosas clandestinas y la recuperación de restos humanos que aún no son identificados por el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF).
Mediante un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora por Zacatecas pedirá a los gobiernos de los 32 estado de la República un informe sobre la situación que atraviesan en materia de desaparición forzada, así como los protocolos de actuación y protección para los familiares de las víctimas.
A la fecha, son 69 personas activistas defensoras de los derechos humanos que han sido asesinadas desde el inicio del sexenio. Esta cifra es mucho mayor si se toman en cuenta las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
Además de los 43 periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión. “De esta manera, nuestro país se convierte en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo o simplemente para existir justicia”.