Laura Bruges | Acustik Noticias
CDMX. 23 de noviembre de 2018.- Con la aprobación en la Cámara Baja para crear el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se busca reforzar el vínculo entre comunidades originarias y el Estado, y así darle herramientas al nuevo titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para evitar los conflictos y violación de derechos a estos pueblos.
La nueva institución, aprobada con 403 votos a favor y 1 en contra en la Cámara Baja fungirá como un organismo descentralizado con autonomía financiera y administrativa, y derogará a su antecesora, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Para la diputada Irma Juan Carlos, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas, quien impulsó este proyecto; servirá como unidad técnica que ayudará a validar las consultas, porque el instituto tendrá atribuciones para emitir lineamientos, y opiniones para verificar que efectivamente las consultas se realicen respetando los protocolos.
Y es que la obra pública ha sido epicentro de conflictos sociales, sobre todo con los pueblos indígenas y ejidatarios, porque no se les realizan consultas previas, libres e informadas como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En entrevista para Acustik Noticias comentó la legisladora Chinanteca oriunda de un pequeño pueblo de la montaña oaxaqueña que desde la comisión que preside en el congreso, van fortalecer este Instituto Nacional indígena con herramientas legales y que trabajarán en una nueva la ley de consulta.
Por otro lado, el diputado Marcelino Rivera del PAN, quien también es de origen indígena, añade que con esta nueva ley, ayudará a que las comunidades indígenas sean sujeto de derecho, y que tengan más instrumentos legales, para ampararse en contra de lo que vaya en contra de los usos y costumbres de sus comunidades.
“Se les tiene que preguntar a las comunidades sobre el impacto ambiental, el uso de sus tierras, sus reservas naturales, preguntarles si sus partes tienen vestigios arqueológicos, lugares sagrados y por eso se les tiene que consultar”, agregó.
Explica que según los estatutos internacionales, estas consultas no son iguales a las que se estarían realizándose al público en general como la que se llevará a cabo este fin de semana sobre el Tren Maya, ‘si el presidente quiere consultar, que consulte’, pero que no se puede dejar de lado las mesas de discusión con los directamente afectados.