Por: Enrique Serna Acustik Noticias
CDMX. 25 mayo 2018.- Las instituciones electorales, tanto administrativas y jurisdiccionales, trabajan en apego a estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y discapacidad; en nuestro país, se han elevado a rango constitucional, todos los tratados o convenciones de las que se forma parte.
Lo anterior fue declarado por la Magistrada de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, durante los conversatorios denominados, Los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur, en cuyo marco afirmó que es deber de los organismos jurisdiccionales en materia electoral, garantizar que todas las personas con discapacidad participen en la vida pública y política, sin ningún coacciones o manipulaciones, según informó el Tribunal en un comunicado.
También presente en las charlas, el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, indicó que es importante tener una democracia integral e inclusiva, por ello es necesario garantizar la participación política efectiva de las personas con discapacidad.
De la Mata dijo que con las resoluciones del TEPJF, las personas con discapacidad tienen una mayor protección y atención, como ejemplo, mencionó los spots de televisión que incluyen subtítulos, además, las sentencias y notificaciones pueden leerse en lenguaje braille.
Reconocer a las personas con discapacidad como titulares de derechos humanos y promover su ejercicio efectivo en igualdad de condiciones, conlleva la paulatina desaparición de conductas orientadas a la reproducción de estereotipos y a la exclusión y desventaja social, reiteró el magistrado.