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CDMX. 03 de septiembre de 2018.- Hace dos años, un par de adolescentes secuestraron a la hija de Florencio Hernández, presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A. C. El suceso ocurrió en la escuela preparatoria de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. Gustavo Adán Paredes González, quien era un estudiante infiltrado en busca de víctimas y José Carlos Rincón Aguilar, compañero de la joven, fueron detenidos y confesaron su crimen. La exigencia del rescate a los padres fue incesante y violenta, posteriormente los secuestradores la asesinaron y arrojaron el cuerpo en una carretera del estado de Morelos.
“Por la forma como se dirigió a mí y a mi esposa en aquellos días cuando nos exigía el dinero; por la violencia de los mensajes que envió por whatsapp, por la manera cómo buscó generar una coartada como si no supiera dónde estaba mi hija, eso no habla de un adolescente presa del pánico ni mucho menos, sino de alguien que tramó el evento con toda premeditación, alevosía, ventaja y traición a la víctima, de un delincuente consumado”, señala Florencio Hernández.
Poco tiempo después la pena fue reducida y actualmente Florencio asegura que la Organización No Gubernamental Reinserta otorgó una beca para estudiar en línea del Tecnológico de Monterrey. El padre de la víctima menciona que las ONG no deberían ser partícipes ni solicitar la disminución de la condena de feminicidas; por más que sean adolescentes, los jóvenes deben pagar por el delito cometido y en el caso de adolescentes, la pena máxima que se les puede otorgar es de 5 años por lo que considera que la disminución de ese tiempo representa una ofensa para los familiares de las víctimas.
A su vez, Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta menciona que su misión es reconstruir el entramado social en las prisiones, se busca que las personas paguen sus culpas pero que vuelvan a reinsertarse en la sociedad con ayuda de ellos.
Finalmente, Florencio Hernández afirma que ahora cualquier persona con poder adquisitivo puede enmendar el daño y con apoyo de organizaciones como Reinserta dejan a muchos delincuentes sin cumplir el castigo social que se les impone lo cual vulnera el marco legal de México.